La Fiscalía argentina involucró a Máximo Kirchner, hijo de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, este viernes (05.08.2022), en el juicio en el que se le acusa de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era presidente.
En el tercer día de alegatos, el fiscal Diego Luciani mostró nuevos mensajes del celular del exfuncionario José López para decir que “es más que clara la intervención directa” de Máximo Kirchner, de quien recordó que hasta diciembre de 2015 no había realizado actos públicos. oficina, pero estaba «a cargo de la administración de los diferentes negocios de su madre».
Fernández está siendo procesado por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.
En el caso se juzgan las supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de los fallecidos Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la sureña provincia de Santa Cruz. .
El Ministerio Público «acredita» que entre 2003 y 2015 operó «una asociación ilícita de características singulares» al interior del Estado y de manera «piramidal» que tuvo «en su apogeo a quienes se desempeñaron como jefes de Estado», dijo Luciani. al inicio de su alegato el pasado lunes por videoconferencia ante el Juzgado Oral en lo Penal Federal N° 2 de Buenos Aires.
El fiscal afirmó que está probado que Néstor Kirchner y Cristina Fernández “instalaron y mantuvieron dentro de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las más extraordinarias matrices de corrupción” que se ha desarrollado en el país.
Este viernes, agregó que el argumento de defensa de Fernández fue que todos los proyectos habían sido avalados por el presupuesto aprobado en el Congreso: “Está claro que no es así”.
«Hubo un desvío de ingentes sumas de dinero a Lázaro Báez, se intentó encubrir la falta de capacidad de la empresa, en una maniobra grosera», dijo el fiscal y aseguró que no podía creer «cómo tales actos de la corrupción podría pasar desapercibida».
En uno de los casos, puso como ejemplo, la obra “debió hacerse en 36 meses, se tardó 90 meses, se encontró sobreprecio, se abandonó la obra y se llamó a nueva licitación”.
Luciani agregó que había una dirección y se apresuró a cerrar y recoger la última licitación de obra pública en Santa Cruz hacia el final de la presidencia de Fernández y que hubo una intervención del hijo del vicepresidente recorriendo las obras, pidiendo información o definiendo el ubicación.
gs (efe, TN, Clarín)