El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha anunciado una medida que sin duda generará polémica y debate en la Ciudad de Buenos Aires. En un intento por priorizar la atención a los ciudadanos residentes, Macri ha firmado un decreto que establece que los porteños tendrán preferencia sobre los bonaerenses y extranjeros al solicitar turnos, cupos, vacantes o cualquier otro servicio en las oficinas de la administración pública.
Esta decisión, según Macri, busca corregir una situación injusta en la que los residentes de la Ciudad han estado subsidiando la atención de personas que no viven en ella. En sus propias palabras, «Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no cuidan. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaron los bonaerenses con sus impuestos. Se acabó.»
Esta medida se suma a la implementación de la atención prioritaria a los residentes en la red hospitalaria pública de la Ciudad, iniciada en marzo de 2025. Según Macri, esta política ya ha demostrado su eficacia en el ámbito de la salud y ahora se extenderá a todos los servicios prestados por el Estado local.
Sin embargo, es importante destacar que esta preferencia no será válida en casos de emergencia o emergencia sanitaria, donde la atención debe ser inmediata sin distinción de domicilio. La medida busca establecer un orden de atención en el marco de la gestión administrativa, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, priorizando a aquellos que mantienen competencia con su residencia.
En cuanto a la financiación de la atención de los bonaerenses sin hogar en la Ciudad, el Gobierno porteño ha exigido al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que asuma esta responsabilidad. Según el Decreto 373/2025 del gobierno nacional, la atención a las personas en situación de calle es responsabilidad de cada jurisdicción, por lo que es justo que la provincia se haga cargo de los costos asociados.
En resumen, la decisión de Jorge Macri de priorizar la atención a los ciudadanos residentes de la Ciudad de Buenos Aires es una medida que busca corregir una injusticia y garantizar que los recursos públicos se destinen de manera equitativa. Esta política sin duda generará debate, pero es un paso importante hacia una administración más justa y eficiente.
