La disputa judicial entre Argentina y un grupo de inversores liderados por Burford Capital ha llegado a un punto crucial este jueves, con una audiencia ante la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York. Este enfrentamiento tiene sus raíces en la expropiación de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Estado argentino tomó el control del 51% de las acciones de la empresa española Repsol. Ahora, los accionistas minoritarios representados por Burford Capital buscan una compensación que podría alcanzar varios miles de millones de dólares.
La tensión entre las partes se ha intensificado en las últimas semanas, con los demandantes presentando un pedido de sanciones contra Argentina por presunto incumplimiento, mientras que la defensa nacional busca la suspensión del proceso. El punto de fricción principal gira en torno a la revelación de información sensible, especialmente en relación a los activos del Banco Central de la República Argentina. Argentina argumenta que estos activos están protegidos por inmunidades soberanas y no pueden ser embargados.
A pesar de las diferencias, fuentes de la representación argentina han destacado el compromiso del país en completar la documentación requerida y en identificar a ciudadanos dispuestos a cooperar. El gobierno de Javier Milei ha reafirmado su postura firme en la defensa de los derechos argentinos y en el uso de todas las herramientas legales disponibles.
Los próximos pasos del litigio incluyen plazos ajustados para presentaciones y respuestas por ambas partes, con la decisión final en manos del tribunal de la jueza Preska. Este enfrentamiento llega en un momento delicado para la economía argentina, con restricciones en el acceso a los mercados crediticios internacionales y reservas limitadas en el Banco Central. Cualquier embargo de activos argentinos en el exterior podría complicar aún más la situación financiera del país.
En conclusión, la disputa entre Argentina y los inversores liderados por Burford Capital continúa en un escenario de incertidumbre y tensión, con repercusiones potenciales significativas para ambas partes. El desenlace de este litigio tendrá un impacto crucial en el futuro de YPF y en la relación entre el país sudamericano y los inversores internacionales.
