La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó los actos violentos tanto de las fuerzas de seguridad como de los manifestantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la violencia provocada tanto por fuerzas de seguridad como por manifestantes en las protestas antigubernamentales en Perú, en las que al menos 50 personas murieron en el último mes.
El vicepresidente de la CIDH y relator de la agencia para el Perú, Edgar Stuardo Ralón, entregó ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe sobre la visita realizada al país andino del 11 al 13 de enero.
“Condenamos la violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también la violencia que ha afectado una serie de bienes públicos”, dijo el comisario.
La crisis comenzó el 7 de diciembre tras el fallido autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, quien fue detenido tras intentar disolver el Congreso, formar un gobierno de emergencia y abrir un proceso constituyente.
Desde entonces, las protestas contra el nuevo gobierno de Dina Boluarte se han cobrado la vida de al menos 47 personas, entre ellos siete adolescentes -otras fuentes ya han confirmado 50 muertos- y dejado más de 700 heridos, según la CIDH.
La Relatora de la CIDH Pidió al Ejecutivo peruano realizar «investigaciones serias e imparciales» sobre estas muertes, y exigió que las fuerzas de seguridad peruanas intervengan en las protestas con «legalidad y proporcionalidad».
llamado al dialogo
Al mismo tiempo, subrayó que «la violencia no forma parte del derecho a la manifestación» y pidió que las manifestaciones se realicen «de forma pacífica».
Ralón identificó algunos preceptos constitucionales como origen de la larga crisis política que vive el país, como la capacidad del Congreso para destituir al presidente y la facultad del presidente para disolver el Congreso, que pidió reformar con «parámetros claros». «
Pidió evitar la «estigmatización» de los ciudadanos de origen aymara que participan en las protestas y que han sido tildados de «terroristas» o «indios».
Y, por último, llamó a un «diálogo amplio» en el país con respeto a los derechos humanos y en el que «se escuchen todas las voces».
El pedido de la CIDH llega justo un día antes de un paro nacional y una marcha que se prevé masiva, de todo el país, a la capital, Lima, en rechazo al presidente y en demanda de elecciones anticipadas.
Militares y policías custodian las rutas y caminos desde el lunes y el presidente -quien fue vicepresidente de Castillo y asumió apenas se produjo la destitución- también pidió que las marchas sean pacíficas.
Paul Fernando Duclos, representante del gobierno peruano, intervino en la sesión para aclarar que Autoridades investigan muertes en protestas y afirmar que el Perú tiene “un compromiso permanente con la protección de los derechos humanos”.
Duclos admitió que el país tiene «una deuda histórica con sectores de la población marginados durante años» en zonas indígenas, pero al mismo tiempo denunció que dentro de las protestas hay personas asociadas al crimen organizado con un “propósito deliberado de destrucción”.
«El Gobierno de Boluarte es plenamente consciente de la situación», dijo el funcionario, que se comprometió a «esclarecer la verdad» con «transparencia».
Fuente: EFE
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