La despiadada persecución a la Iglesia nicaragüense por parte del régimen encabezado por Daniel Ortega y su poderosa esposa, Rosario Murillo, está poniendo al Papa Francisco en una posición cada vez más incómoda ante la opinión pública por no denunciar públicamente los graves abusos.
O, para decirlo más directamente, cada vez se reciben más críticas por su silencio, junto con organizaciones y personalidades. Exigen una condena clara y contundente.
Los 26 exjefes de Estado y de Gobierno que integran el grupo denominado Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), entre ellos Mauricio Macri, se sumaron este jueves.
Monseñor Rolando Álvarez, el obispo detenido por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. (AFP)
Lejos de apaciguar, la persecución no deja de escalar y complicar aún más al pontífice.
La violenta detención en la madrugada de este viernes del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarezcinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos tras permanecer 17 días recluidos en el obispado local, rodeados de fuerzas policiales, fue el último de una saga que promete continuar.
Una saga que comenzó en 2018, durante las protestas por una reforma del sistema de salud y pensiones que fueron ferozmente reprimidas y que causaron numerosas muertes. La Iglesia no solo denunció la represión, sino que también cobijó a los manifestantes en sus iglesias.
En medio de ataques a templos, en 2019, el obispo auxiliar de Managua, José Báezsevero crítico del régimen, a petición del Papa, se instaló inicialmente en Roma (hoy vive en Estados Unidos).
Mientras que el Nuncio Apostólico en el país (el embajador papal), Waldemar Somertag fue virtualmente expulsado en marzo.
Hace unos días también fueron expulsadas un centenar de ONG humanitarias y agrupaciones benéficas alegando que cumplían la normativa contra delitos como el blanqueo de capitales.
Entre ellos estaban las monjas de la Madre Teresa. Mientras que se impedían misas en el interior de los templos y procesiones.
Las críticas a Francisco llevaron al secretario del Concilio Vaticano para América Latina, el mexicano Rodrigo Guerra, a salir a decir a la prensa que “Un silencio papal no significa inactividad o falta de decisiónno, nada de eso: quiere decir que se está trabajando en otros planos».
«En el momento que el Santo Padre lo considere oportuno, por supuesto, tendrá una intervención», dijo. Y agregó: «No me extrañaría que después del encarcelamiento del obispo Álvarez, quizás el domingo (cuando rece el Ángelus) nos haga algún primer comentario. Pero la Santa Sede trabaja principalmente en la diplomacia discreta».
Guerra cuestionó a los expresidentes que exigen una declaración del Papa. “Creen -sostuvo- que la política se hace principalmente de palabra y que si no hay una declaración pública es que la Santa Sede está abandonando a los obispos nicaragüenses o se está haciendo cómplice de la dictadura”.
Al mismo tiempo, advirtió que “una declaración exaltada en estos contextos fácilmente puede llevar a consecuencias indeseables”. Entre ellos, la expulsión de 400 religiosos extranjeros quienes deben renovar su residencia mensualmente.
Más allá de los discretos esfuerzos a los que alude Guerra, el Vaticano prefirió por ahora que la condena provenga de los episcopados de América Latina, en conjunto a través del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) o individualmente, como lo vienen haciendo.
La Iglesia Argentina se sumó este viernes con una carta pública al Arzobispo de Managua, cardenal leopoldo brenesen el que expresa la preocupación de los obispos argentinos y aboga por que la Iglesia en Nicaragua cumpla su misión “sin restricciones”.
Por ahora, la estrategia de la diplomacia discreta no está funcionando. Y el costo de la imagen del Papa es muy alto.
La despiadada persecución a la Iglesia nicaragüense por parte del régimen encabezado por Daniel Ortega y su poderosa esposa, Rosario Murillo, está poniendo al Papa Francisco en una posición cada vez más incómoda ante la opinión pública por no denunciar públicamente los graves abusos.
O, para decirlo más directamente, cada vez se reciben más críticas por su silencio, junto con organizaciones y personalidades. Exigen una condena clara y contundente.
Los 26 exjefes de Estado y de Gobierno que integran el grupo denominado Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), entre ellos Mauricio Macri, se sumaron este jueves.
Monseñor Rolando Álvarez, el obispo detenido por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. (AFP)
Lejos de apaciguar, la persecución no deja de escalar y complicar aún más al pontífice.
La violenta detención en la madrugada de este viernes del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarezcinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos tras permanecer 17 días recluidos en el obispado local, rodeados de fuerzas policiales, fue el último de una saga que promete continuar.
Una saga que comenzó en 2018, durante las protestas por una reforma del sistema de salud y pensiones que fueron ferozmente reprimidas y que causaron numerosas muertes. La Iglesia no solo denunció la represión, sino que también cobijó a los manifestantes en sus iglesias.
En medio de ataques a templos, en 2019, el obispo auxiliar de Managua, José Báezsevero crítico del régimen, a petición del Papa, se instaló inicialmente en Roma (hoy vive en Estados Unidos).
Mientras que el Nuncio Apostólico en el país (el embajador papal), Waldemar Somertag fue virtualmente expulsado en marzo.
Hace unos días también fueron expulsadas un centenar de ONG humanitarias y agrupaciones benéficas alegando que cumplían la normativa contra delitos como el blanqueo de capitales.
Entre ellos estaban las monjas de la Madre Teresa. Mientras que se impedían misas en el interior de los templos y procesiones.
Las críticas a Francisco llevaron al secretario del Concilio Vaticano para América Latina, el mexicano Rodrigo Guerra, a salir a decir a la prensa que “Un silencio papal no significa inactividad o falta de decisiónno, nada de eso: quiere decir que se está trabajando en otros planos».
«En el momento que el Santo Padre lo considere oportuno, por supuesto, tendrá una intervención», dijo. Y agregó: «No me extrañaría que después del encarcelamiento del obispo Álvarez, quizás el domingo (cuando rece el Ángelus) nos haga algún primer comentario. Pero la Santa Sede trabaja principalmente en la diplomacia discreta».
Guerra cuestionó a los expresidentes que exigen una declaración del Papa. “Creen -sostuvo- que la política se hace principalmente de palabra y que si no hay una declaración pública es que la Santa Sede está abandonando a los obispos nicaragüenses o se está haciendo cómplice de la dictadura”.
Al mismo tiempo, advirtió que “una declaración exaltada en estos contextos fácilmente puede llevar a consecuencias indeseables”. Entre ellos, la expulsión de 400 religiosos extranjeros quienes deben renovar su residencia mensualmente.
Más allá de los discretos esfuerzos a los que alude Guerra, el Vaticano prefirió por ahora que la condena provenga de los episcopados de América Latina, en conjunto a través del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) o individualmente, como lo vienen haciendo.
La Iglesia Argentina se sumó este viernes con una carta pública al Arzobispo de Managua, cardenal leopoldo brenesen el que expresa la preocupación de los obispos argentinos y aboga por que la Iglesia en Nicaragua cumpla su misión “sin restricciones”.
Por ahora, la estrategia de la diplomacia discreta no está funcionando. Y el costo de la imagen del Papa es muy alto.
La despiadada persecución a la Iglesia nicaragüense por parte del régimen encabezado por Daniel Ortega y su poderosa esposa, Rosario Murillo, está poniendo al Papa Francisco en una posición cada vez más incómoda ante la opinión pública por no denunciar públicamente los graves abusos.
O, para decirlo más directamente, cada vez se reciben más críticas por su silencio, junto con organizaciones y personalidades. Exigen una condena clara y contundente.
Los 26 exjefes de Estado y de Gobierno que integran el grupo denominado Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), entre ellos Mauricio Macri, se sumaron este jueves.
Monseñor Rolando Álvarez, el obispo detenido por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. (AFP)
Lejos de apaciguar, la persecución no deja de escalar y complicar aún más al pontífice.
La violenta detención en la madrugada de este viernes del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarezcinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos tras permanecer 17 días recluidos en el obispado local, rodeados de fuerzas policiales, fue el último de una saga que promete continuar.
Una saga que comenzó en 2018, durante las protestas por una reforma del sistema de salud y pensiones que fueron ferozmente reprimidas y que causaron numerosas muertes. La Iglesia no solo denunció la represión, sino que también cobijó a los manifestantes en sus iglesias.
En medio de ataques a templos, en 2019, el obispo auxiliar de Managua, José Báezsevero crítico del régimen, a petición del Papa, se instaló inicialmente en Roma (hoy vive en Estados Unidos).
Mientras que el Nuncio Apostólico en el país (el embajador papal), Waldemar Somertag fue virtualmente expulsado en marzo.
Hace unos días también fueron expulsadas un centenar de ONG humanitarias y agrupaciones benéficas alegando que cumplían la normativa contra delitos como el blanqueo de capitales.
Entre ellos estaban las monjas de la Madre Teresa. Mientras que se impedían misas en el interior de los templos y procesiones.
Las críticas a Francisco llevaron al secretario del Concilio Vaticano para América Latina, el mexicano Rodrigo Guerra, a salir a decir a la prensa que “Un silencio papal no significa inactividad o falta de decisiónno, nada de eso: quiere decir que se está trabajando en otros planos».
«En el momento que el Santo Padre lo considere oportuno, por supuesto, tendrá una intervención», dijo. Y agregó: «No me extrañaría que después del encarcelamiento del obispo Álvarez, quizás el domingo (cuando rece el Ángelus) nos haga algún primer comentario. Pero la Santa Sede trabaja principalmente en la diplomacia discreta».
Guerra cuestionó a los expresidentes que exigen una declaración del Papa. “Creen -sostuvo- que la política se hace principalmente de palabra y que si no hay una declaración pública es que la Santa Sede está abandonando a los obispos nicaragüenses o se está haciendo cómplice de la dictadura”.
Al mismo tiempo, advirtió que “una declaración exaltada en estos contextos fácilmente puede llevar a consecuencias indeseables”. Entre ellos, la expulsión de 400 religiosos extranjeros quienes deben renovar su residencia mensualmente.
Más allá de los discretos esfuerzos a los que alude Guerra, el Vaticano prefirió por ahora que la condena provenga de los episcopados de América Latina, en conjunto a través del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) o individualmente, como lo vienen haciendo.
La Iglesia Argentina se sumó este viernes con una carta pública al Arzobispo de Managua, cardenal leopoldo brenesen el que expresa la preocupación de los obispos argentinos y aboga por que la Iglesia en Nicaragua cumpla su misión “sin restricciones”.
Por ahora, la estrategia de la diplomacia discreta no está funcionando. Y el costo de la imagen del Papa es muy alto.
La despiadada persecución a la Iglesia nicaragüense por parte del régimen encabezado por Daniel Ortega y su poderosa esposa, Rosario Murillo, está poniendo al Papa Francisco en una posición cada vez más incómoda ante la opinión pública por no denunciar públicamente los graves abusos.
O, para decirlo más directamente, cada vez se reciben más críticas por su silencio, junto con organizaciones y personalidades. Exigen una condena clara y contundente.
Los 26 exjefes de Estado y de Gobierno que integran el grupo denominado Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), entre ellos Mauricio Macri, se sumaron este jueves.
Monseñor Rolando Álvarez, el obispo detenido por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. (AFP)
Lejos de apaciguar, la persecución no deja de escalar y complicar aún más al pontífice.
La violenta detención en la madrugada de este viernes del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarezcinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos tras permanecer 17 días recluidos en el obispado local, rodeados de fuerzas policiales, fue el último de una saga que promete continuar.
Una saga que comenzó en 2018, durante las protestas por una reforma del sistema de salud y pensiones que fueron ferozmente reprimidas y que causaron numerosas muertes. La Iglesia no solo denunció la represión, sino que también cobijó a los manifestantes en sus iglesias.
En medio de ataques a templos, en 2019, el obispo auxiliar de Managua, José Báezsevero crítico del régimen, a petición del Papa, se instaló inicialmente en Roma (hoy vive en Estados Unidos).
Mientras que el Nuncio Apostólico en el país (el embajador papal), Waldemar Somertag fue virtualmente expulsado en marzo.
Hace unos días también fueron expulsadas un centenar de ONG humanitarias y agrupaciones benéficas alegando que cumplían la normativa contra delitos como el blanqueo de capitales.
Entre ellos estaban las monjas de la Madre Teresa. Mientras que se impedían misas en el interior de los templos y procesiones.
Las críticas a Francisco llevaron al secretario del Concilio Vaticano para América Latina, el mexicano Rodrigo Guerra, a salir a decir a la prensa que “Un silencio papal no significa inactividad o falta de decisiónno, nada de eso: quiere decir que se está trabajando en otros planos».
«En el momento que el Santo Padre lo considere oportuno, por supuesto, tendrá una intervención», dijo. Y agregó: «No me extrañaría que después del encarcelamiento del obispo Álvarez, quizás el domingo (cuando rece el Ángelus) nos haga algún primer comentario. Pero la Santa Sede trabaja principalmente en la diplomacia discreta».
Guerra cuestionó a los expresidentes que exigen una declaración del Papa. “Creen -sostuvo- que la política se hace principalmente de palabra y que si no hay una declaración pública es que la Santa Sede está abandonando a los obispos nicaragüenses o se está haciendo cómplice de la dictadura”.
Al mismo tiempo, advirtió que “una declaración exaltada en estos contextos fácilmente puede llevar a consecuencias indeseables”. Entre ellos, la expulsión de 400 religiosos extranjeros quienes deben renovar su residencia mensualmente.
Más allá de los discretos esfuerzos a los que alude Guerra, el Vaticano prefirió por ahora que la condena provenga de los episcopados de América Latina, en conjunto a través del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) o individualmente, como lo vienen haciendo.
La Iglesia Argentina se sumó este viernes con una carta pública al Arzobispo de Managua, cardenal leopoldo brenesen el que expresa la preocupación de los obispos argentinos y aboga por que la Iglesia en Nicaragua cumpla su misión “sin restricciones”.
Por ahora, la estrategia de la diplomacia discreta no está funcionando. Y el costo de la imagen del Papa es muy alto.