La expulsión de un diputado del Congreso provoca una crisis política en España

Una patada a un policía, una condena judicial y la retirada de un banco provocan una grave crisis política en el Congreso de España. Todo se originó con la expulsión de Alberto Rodríguez, de la izquierdista Unidas Podemos, tras ser condenado por el Tribunal Supremo. El conflicto se enfrenta a los dos socios de la coalición de gobierno, Podemos y el PSOE.

El episodio que desencadenó el conflicto ocurrió en enero de 2014, cuando Alberto Rodríguez estaba activo en grupos sociales de izquierda y participó en una protesta en Tenerife, contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Allí, en pleno alboroto en las calles, Rodríguez le dio una patada a un policía.

Debido a este hecho, se abrió un procedimiento abreviado en San Cristóbal de La Laguna, localidad donde tuvo lugar la manifestación. A finales de 2019 el caso llegó al Tribunal Supremo español, que el pasado mes de diciembre imputado Rodríguez y finalmente a principios de octubre fue condenado por “ataque a agentes de la autoridad”.

Alberto Rodríguez, el diputado expulsado del Congreso español por patear a un policía. Foto Twitter

A medida que crecía el caso, en sus redes sociales desde Podemos intentaron responder a la acusación con un video que negaba la presunta patada.

Pese a esta campaña, Rodríguez recibió una pena de un mes y 15 días de prisión (luego sustituida por una multa de 540 euros) e inhabilitación especial por el derecho al sufragio pasivo. Esto, según la Corte, debería conducir a su expulsión del Congreso.

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La Junta del Congreso -el órgano de gobierno- pareció apoyar en un principio a Rodríguez en su continuidad como diputado, mientras que la derechista VOX y el PP apoyaron la petición del Tribunal Supremo.

Pero este viernes Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados y que responde al PSOE, él retiró el banco al representante de Unidos Podemos y provocó una fuerte crisis en la coalición del gobierno español.

Diferencias en la coalición

Integrantes de Unidos Podemos -la fuerza que tuvo como referencia a Pablo Iglesias hasta el pasado mes de mayo- anunciaron que demandarían por “prevaricación” contra Batet. Lo dijo Ioine Belarra, quien también es ministro nacional.

Meritxell Batet, con Alberto Fernández.  El presidente del Congreso, del PSOE, recibió fuertes del socio izquierdista del gobierno.  Foto EFE

Meritxell Batet, con Alberto Fernández. El presidente del Congreso, del PSOE, recibió fuertes del socio izquierdista del gobierno. Foto EFE

“Alberto Rodríguez fue sentenciado a pesar de las pruebas que muestran que él no estaba allí. El objetivo era quitarle el asiento. La Corte Suprema presiona a la Presidencia del Congreso para que la retire aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. PrevaricaciónEscribió la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en su cuenta de Twitter.

Un mensaje que, horas después, rechazó el Consejo General de la Judicatura: aseguró que sus palabras “merecen un rechazo absoluto y rotundo” por generar “una sospecha inaceptable sobre el trámite del más alto tribunal de la Nación “y” atribuir la comisión de un delito a sus magistrados. “

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Belarra no fue la única en lanzar dardos a Batet.

Ella fue agregada Irene Montero, Ministro de Igualdad del Gobierno de España: “No hay un solo argumento legal que permita la remoción de la condición de diputado a Alberto Rodríguez en base a la sentencia del Tribunal Supremo. Los abogados del Congreso lo explicaron claramente. Detrás está la reacción judicial y política más profunda. Es una asalto a la democracia “.

El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, habló de “escándalo legal” y “castigo político” y acusó al presidente del Congreso de “habiendo cedido al chantaje” de la Corte Suprema.

Desde el El PSOE respondió con un gesto rotundo a Batet: “Somos un gobierno y un partido que mantenemos nuestra palabra y la ley. Apoyamos a nuestra presidenta del Congreso Meritxell Batet en su cumplimiento escrupuloso del deber. No puede ser de otra manera ”.

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Por su parte, el diputado expulsado continuó con su contundente defensa: consideró el fallo como “un atentado a la democracia” y “una crónica de una infamia”.

Rodríguez ya ha presentado una carta al Tribunal Supremo, también con fuertes críticas a Batet, y anunció que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario. El suspenso, sin embargo, no solo afecta su futuro político.

En el Congreso el debate entre las autoridades se prolonga y no se llega a un acuerdo sobre los términos de la expulsión.

Este martes la Junta del Congreso, en la que están presentes todas las fuerzas políticas, no pudo definir un comunicado conjunto. Durante esas horas, además, se produjo otro posible foco de división entre los socios gubernamentales.

A este episodio se suma una discusión crítica para el gobierno de Pedro Sánchez: el debate sobre la reforma laboral.

Según el diario El país, el presidente habría dado el visto bueno a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y representante de Podemos, para liderar la negociación con los sectores sociales, aunque exigió la presencia de personalidades del PSOE en esa mesa crítica.