La Corte Suprema de Justicia enfrenta un desafío sin precedentes
En medio de un panorama judicial que desborda los límites de lo esperado, la Corte Suprema de Justicia se ve sumergida en una avalancha de casos que amenaza con sobrepasar su capacidad operativa. Según un informe reciente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), la creciente "fábrica de litigios" impulsada por el Estado nacional ha alcanzado niveles récord, generando efectos concretos en el funcionamiento del máximo tribunal del país.
El peso del sector público en la judicialización
El informe señala que en el año 2024 ingresaron a la Corte 45.678 recursos, un 41% más que el año anterior, marcando un máximo histórico. Lo preocupante es que más de la mitad de estos casos corresponden a litigios promovidos por el propio Estado, convirtiéndolo en el principal generador de conflictos judiciales. Organismos como la ANSES concentran el 91,6% de los recursos estatales, lo que refleja la magnitud del fenómeno.
Consecuencias y desafíos para la Corte Suprema
La "fábrica de litigios" ha provocado una progresiva confusión en el papel de la Corte como intérprete último de la Constitución. En lugar de abordar cuestiones de relevancia institucional, el tribunal se ve obligado a revisar masivamente registros administrativos, desviando su atención de su verdadera función. Además, el retraso en la resolución de los casos ha generado un importante pasivo económico, con un stock estimado que supera los 3,1 billones de dólares.
El desafío de la resolución de casos
El flujo constante de nuevos casos ha superado la capacidad de resolución de la Corte. En el periodo 2020-2024, se recibieron cerca de 150.000 recursos, de los cuales solo se pudieron resolver 87.000. Este desequilibrio alimenta un círculo vicioso que aumenta las demoras y los litigios, poniendo en riesgo el correcto funcionamiento del sistema judicial.
Propuestas de cambio
Ante este escenario preocupante, el informe de FORES propone avanzar hacia un "Estado resolutivo", que desaliente los litigios abusivos y priorice la resolución administrativa de conflictos, especialmente en el ámbito de las pensiones. De no realizarse cambios, el sistema judicial podría enfrentar un deterioro institucional más profundo, poniendo en riesgo la garantía de acceso a una justicia eficaz y rápida para todos los ciudadanos.
En conclusión, la Corte Suprema de Justicia se encuentra ante un desafío sin precedentes, donde la sobrecarga de casos provenientes del Estado nacional está comprometiendo su rol institucional. Es imperativo tomar medidas para evitar un colapso del sistema judicial y garantizar la eficacia y la celeridad en la resolución de conflictos.
