El número de asesinatos se redujo significativamente en El Salvador tras la ejecución hace un año de un régimen de emergencia que implicó sacar a la calle al Ejército y la Policía y encarcelar masivamente a presuntos pandilleros. Pero a costa de suspender las garantías constitucionales, y multiplicar las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadassegún denuncias que también sospechan colusión entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y grupos criminales.
En marzo del año pasado y tras el asesinato de 87 personas a manos de la Mara Salvatrucha (MS13), la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el oficialismo, aprobó a pedido de Bukele el primer régimen de emergencia que marcó, según a medios locales, ONG y Estados Unidos, el fin de un supuesto pacto secreto que el mandatario tenía con esa organización dedicada al narcotráfico, la extorsión, el contrabando de armas, sicarios y secuestros.
El acuerdo incluía beneficios económicos para la MS13, reducción de penas, no extraditarlos a Estados Unidos y mejoras en las situaciones carcelarias y en las comunicaciones para seguir controlando la organización a cambio de reducir el número de asesinatos.
Este régimen excepcional, que ya ha sido prorrogado 10 veces, implicó la pérdida de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos y la presencia masiva de militares y policías en las calles.
A partir de ese momento, decenas de miles de personas fueron arrestado sin orden judicialsin ser informados de los motivos, y quedaron incomunicados y sin derecho a la defensa durante el período de detención provisional, el cual fue modificado de tres a 15 días.
“Lo que se sabe es lo que ha publicado el gobierno, que es que están incomunicados” y que “fueron detenidos, en el marco del régimen de emergencia, más de 64.000 personas, incluidos 1.600 menores»precisó en diálogo con Télam la directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Tamara Taraciuk.
Pero HRW y la ONG local Cristosal no pudieron aportar datos sobre cuántas de estas personas fueron detenidas y permanecen encerradas a pesar de no haber cometido ningún delito ante la policía. Falta de transparencia e información oficial.
Violaciónes de derechos humanos
Ambas organizaciones afirman que hubo detenciones arbitrarias masivas y han documentado casos de desapariciones forzadas, torturas en detención y entre 90 y 106 muertes en detención, cifra que varía según lo que diga el gobierno y las ONG.
“Ese es el universo del que estamos hablando, no hay cifras fidedignas ni claras que establezcan cuántas de estas personas fueron detenidas por ser pandilleros y quiénes no. Tenemos documentados casos de personas que fueron detenidas por su apariencia física, o porque tenían un tatuaje o porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado”, agregó Taraciuk.
Numerosos testimonios recogidos por los medios salvadoreños El faro Hablan de detenciones por mostrar “nerviosismo” en los interrogatorios, así como también hay declaraciones que dan cuenta de un número de detenciones o cuotas que los uniformados tenían que cumplir sí o sí.
“Los familiares de los detenidos señalaron que cuando le preguntaron a la Policía los motivos de la captura, muchos de ellos dijeron que era porque tenían un cupo (que cumplir), una meta”, dijo el abogado Abraham Ábrego, director de la policía. Télam. Litigio Estratégico de Cristosal, organización dedicada al seguimiento de violaciones a los derechos humanos.
“Para cumplir con estos objetivos, inicialmente recurrieron a listas de personas con antecedentes penales, incluyendo personas que ya estaban condenadas y habían cumplido sus condenas o que estaban en programas de rehabilitación, y las han capturado nuevamente”, dijo Ábrego, y agregó que la Policía también utilizó listas de «personas que han perfilado como pandilleros».
Sin embargo, muchas de estas personas que aparecían en las listas nunca fueron investigadas, sino que se incluyó su nombre porque había sido mencionado, por ejemplo, durante una intervención policial.
Y esto ocurre en un contexto donde no existen instituciones independientes que puedan realizar investigaciones criminales y con una Asamblea Legislativa controlada por el partido gobernante, que tiene concentró el poder hasta el punto de cambiar a los magistrados de la Corte Constitucional para poder avanzar en sus reformas sin ningún tipo de freno.
“Bukele ha hecho un ataque contra las instituciones democráticas, contra el Poder Judicial, contra los fiscales, se ha apoderado del Poder Legislativo, y en ese contexto es muy difícil que las instituciones independientes del Estado puedan controlar lo que está pasando”, enumeró Taraciuk. . .
Transferencia polémica y cinematográfica
La centralización del poder es tal que el propio gobierno, sin miedo a la condena, difundió como parte de la propaganda de su política de seguridad numerosas imágenes de pabellones repletos de presos sentados en el suelo, uno pegado al otro, vestidos únicamente con ropa. adentro, dejando al descubierto los tatuajes que los identifican como miembros de las pandillas.
Unas imágenes que, según comentó esta semana el presidente colombiano, Gustavo Petro, recuerdan a un «campo de concentración», pero que internamente han ayudado a Bukele a llevar su imagen positiva a casi un 90%, abriendo el camino a la reelección. en 2024.
“Son instrumentos publicitarios que tienen sus efectos sobre el apoyo popular de ciertos sectores. Ese elemento del uso de la fuerza, aún fuera de los límites legales, es parte de una estrategia que es de manejo populista punitivo”, dijo Ábrego, en referencia a un video cinematográfico difundido hace una semana en el que muestran el traslado de 2.000 detenidos a una nueva prisión diseñada como lugar para albergar a «terroristas».
Es sobre una megacárcel sin patios, áreas de esparcimiento ni espacios para visitas conyugal.
El impactante video fue difundido horas después de que Washington publicara una acusación formal que implicaba a miembros del gobierno salvadoreño con líderes de la MS13, a quienes, según la denuncia, les ofrecieron beneficios carcelarios y no los extraditaron a Estados Unidos a cambio de reducir la tasa de homicidios en el país.
“Las imágenes son un vivo reflejo de la política punitiva de Bukele en materia de seguridad pública y un intento de controlar la narrativa de lo que sucede en el país”, dijo el director de HRW, quien señaló que el video, codificado como “Hollywood”, lo que hace es encubrir el trasfondo de las negociaciones con las pandillas “que están lejos de ser una política de seguridad efectiva”.
“Si lo que quieren es combatir la criminalidad de las pandillas, lo que se necesita son políticas sociales, educación, integración, oportunidades para los jóvenes, para que tengan una alternativa diferente a las pandillas y una política de investigación criminal con una justicia independiente, «, enumeró.
Lo cierto es que la caída de la criminalidad, junto con esa retórica punitiva, han funcionó a la perfección para los intereses de Bukele, quien espera renovar su mandato sin problemas, luego de haber modificado la constitución para permitir la reelección.
Además, el «presidente milenario“El hombre de 41 años, como se le conoce, tiene un gran alcance entre sus votantes gracias a su manejo de las redes sociales y los medios de comunicación, que hacen que esa narrativa calce en la sociedad.
Para HRW, “es preocupante no solo en El Salvador, sino también a nivel regional, donde quieren exportar el modelo Bukele como un modelo exitoso en la lucha contra la inseguridad. Pero la historia de El Salvador demuestra que estos modelos de la mano en a la larga, no sirven para combatir los problemas de inseguridad».
Fuente: EFE
antes de Cristo