La fiscalía de Perú pide investigar al presidente Pedro Castillo como “líder de una organización criminal”

La Fiscalía de Perú solicitó este miércoles a la Justicia del país andino investigar al presidente Pedro Castillo como “líder de una organización criminal” atrincherada en el Estado para obtener “ganancias ilegales” de los contratos firmados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Samuel Rojas, representante de la Fiscalía Nacional, explicó ante la Corte Suprema de Investigación Preparatoria del Perú las razones por las cuales el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra Castillo, al responder a la demanda de “protección de derechos” presentado por su abogado, Benji Espinoza, para anular este proceso.

“Esta es la primera vez que un presidente en funciones Ha sido acusado de liderar una organización criminal atrincherada en los estamentos del Estado”, que juró defender al asumir el cargo, para “cometer delitos de corrupción”, dijo Rojas durante su exposición.

Rojas pidió a la sala evaluar la necesidad de conciliar los artículos de la Constitución que señalan, por un lado, que el Presidente de la República sólo puede ser investigado por traición a la patria o impedir elecciones, mientras esté en el cargo; mientras que, por otro lado, pide al Estado combatir los actos de corrupción.

Agregó que la investigación contra Castillo “no parte de una acusación de una organización civil, ni de un congresista”, sino de información “producida en investigaciones fiscales”como consecuencia de las irregularidades denunciadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en relación con las adjudicaciones de una serie de obras de infraestructura.

“Esta circunstancia hace necesario que el Ministerio Público adopte la medida de variar los criterios, dada la gravedad de las acusaciones y los indicios que hacen que esta acusación no sea política”, dijo Rojas.

La defensa del gobierno interpuso una demanda de protección de derechos ante la Fiscalía Nacional puede interrogar a Castillo sobre las acusaciones que supuestamente lo ubican como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y nombrar funcionarios relacionados con esta tarea.

Las investigaciones de la fiscalía arrojaron pruebas sobre “la existencia de una organización criminal manejada por el Estado que utiliza estos contratos para obtener beneficios ilegales”, afirmó Rojas.

“Es el primer presidente del Estado que es llamado a proteger el interés nacional, a quien se le acusa de perpetrar delitos de corrupción de funcionarios”, agregó.

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varios fugitivos

En estos procesos están actualmente denunciados y con orden de captura el exministro Juan Silva, el exsecretario de Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo.

Además, la Fiscalía ha recibido los testimonios de los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, que admitieron haber representado a empresas quien gano los premios y que han presentado audios coordinando con los funcionarios imputados.

Marcha de protesta contra Castillo en Lima, a principios de mes.  Foto de Reuters

Marcha de protesta contra Castillo en Lima, a principios de mes. Foto de Reuters

La Fiscal Rojas también informó que existen audios que revelan que Villaverde le dio 30.000 soles (unos 8.000 dólares) a Silva para que se los diera a Castilloy, asimismo, que tienen indicios de que López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en Palacio de Gobierno y en una casa que utilizó durante la campaña electoral.

Por su parte, el exsecretario de Castillo, Bruno Pacheco, fue acusado de desequilibrio de equidad apenas cuatro meses después de asumir ese cargo y luego de que la fiscalía encontrara $20,000 escondidos en el baño de su oficina.

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El abogado de Castillo, Benji Espinoza, afirmó que la Fiscalía Nacional no es competente para investigar al presidenteya que sólo puede ser imputado durante su mandato por traición a la patria, por impedir elecciones, por disolver el Congreso o por impedir el funcionamiento de los órganos electorales.

Spinoza agregó que Castillo ha recibido “trato discriminatorio” porque ningún expresidente ha sido investigado durante su mandato y citó los casos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), acusados ​​de lavado de activos como resultado del escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

“Esperamos que (la sala) declare fundado mi reclamo, si la Constitución defiende a todos los peruanos por igual”, dijo el abogado defensor.

Paralelamente a la audiencia judicial, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al presidente peruano como investigadoy ya no como testigo, en la investigación practicada a las reuniones que sostuvo el mandatario en una casa del distrito de Breña, en Lima, donde presuntamente se reunía con los funcionarios y empresarios actualmente imputados.

Fuente: EFE

PB