La brecha cada vez más profunda entre los dos principales partidos políticos en España, el PSOE y el PP, aumenta la crisis institucional a un nivel que los españoles nunca habían vivido en una democracia: por falta de acuerdo político, la Corte Constitucional acaba de suspender una reforma judicial del gobierno de coalición de Pedro Sánchez a través del cual se pretendía desbloquear renovación de los miembros de ese tribunal.
Este episodio se suma al bloqueo que hace peligrar otra renovación, la del Consejo de la Magistratura.
él es el que debe mirar la independencia de los jueces y, por las disputas entre el PSOE y el PP, lleva cuatro años caducado.
“Es una decisión sin precedentes en 44 años de democracia”, dijo este martes el presidente Sánchez, en referencia a la decisión de la Corte Constitucional. Lo hizo en un comunicado institucional que realizó desde el Palacio de la Moncloa.
“Lo que hizo con su decisión fue paralizar la actuación de las Cortes Generales en un asunto que, además, afecta a la renovación del propio Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en la Carta Magna”, agregó.
¿Qué se suspendió?
el constitucional suspendió el proceso parlamentario de la reforma que modificó la elección del dos candidatos a ese tribunal cuyo mandato vencido en septiembre.
Con tu decisión, admitió las medidas cautelares presentadas por el PP y para el partido de extrema derecha voz contra las enmiendas propuestas por el Gobierno de coalición PSOE-Podemos, que habían sido aprobadas en el Congreso de los Diputados la semana pasada. Faltaba, sin embargo, su tramitación en el Senado.
Está la primera vez que el orden Constitucional suspenda de urgencia un debate parlamentario y Sánchez lo conceda a la mayoría conservadora entre los magistrados que integran ese tribunal.
“Esta situación tiene su origen en la decisión que tomó el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), cuando perdió las elecciones y decidió incumplir el mandato constitucional. Con esto, desde entonces asistimos a una situación sin precedentes en la historia de nuestra democracia, con el bloqueo a la renovación del gobierno de los magistrados, del Consejo General del Poder Judicial, y también del Tribunal Constitucional. Una cerradura cuyo único propósito es mantener una composición anterior y más favorable por su orientación”, argumentó este martes el presidente del Gobierno.
En el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que como órgano de gobierno de los jueces se encarga de realizar los nombramientos, inspeccionar el funcionamiento de los tribunales y exigir la responsabilidad disciplinaria de todos los miembros del Poder Judicial, está integrado de 20 miembros y un presidente, que es elegido por el pleno del CGPJ y preside a su vez el Tribunal Supremo.
En la elección de los 20 diputados, la mitad son propuestos por el Congreso y los otros diez por el Senado, de ahí la necesidad de consensuar la renovación entre los principales partidos políticos con representación parlamentaria.
«Acatamos la resolución»
Sánchez aseguró que «aunque no compartimos la decisión, acatamos la resolución adoptado ayer (lunes) por la actual mayoría conservadora de la Corte Constitucional”.
Pero adelantó que realizará «cuantas medidas sean necesarias» para destrabar el bloqueo en el que está varado el Poder Judicial desde hace cuatro años.
PP: «Democracia reforzada»
«Hoy (lunes) nuestra democracia se fortalece», dijo en cambio el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En un estado de derecho, todos los poderes están sujetos a la ley. Ante el ruido y la presión, seguiremos defendiendo a España y a las instituciones sin miedo ni concesiones, desde la moderación y la razón».
presidente sanchez Quería tranquilizar a los españoles: “En los momentos de incertidumbre se requiere serenidad y también firmeza”, dijo este martes. Serenidad en estricto cumplimiento de la ley; y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y la voluntad popular libremente expresada en las elecciones”.
“La democracia exige respeto, a la ley, respeto a la voluntad popular, de donde deriva la legitimidad de todos los poderes, incluido el Judicial. Y por eso quiero asegurarles que el Gobierno español garantizará el estricto cumplimiento de la ley, de la Constitución, y el respeto absoluto a la voluntad popular y, en consecuencia, al mandato constitucional”, concluyó.
Hace unas semanas y ante esta última resolución del Tribunal Constitucional, Clarín habló con el exmagistrado de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón sobre la crítica situación que vive España en torno a la renovación del Poder Judicial.
-¿Qué tan independiente puede ser la Justicia si es el poder político el que elige a los jueces?
-No exactamente. Pero aunque así fuera, hay un principio fundamental: en una democracia, los jueces tienen todos los elementos para ser independientes. Si no lo son, es porque no quieren serlo. O porque tienen miedo. O porque se someten a una directriz política. Pero pueden ser independientes. Tienen la obligación de ser. Existen sistemas técnicos de designación de los jueces, como ser designados a través de un Consejo del Poder Judicial, como en España. También en Argentina, el Consejo Superior de la Magistratura y la Corte Suprema tienen aún más poder. Son extremadamente poderosos, aunque pueden ser objeto de juicios políticos que casi siempre pueden ser bloqueados en el Senado. Otra cosa es que esto se convierta en un reparto de cuotas.
– ¿No es eso lo que pasa?
Pero esa es responsabilidad de los políticos. De los malos políticos. Y prostituir la política. La política es un servicio público. No es para uso personal. El poder judicial, en España y en casi todo el mundo, tiene tendencia a ser netamente conservador, muy conservador o excesivamente conservador. Pero no responde al equilibrio que existe en la sociedad. En España, si miramos la composición política, tenemos un 51, 52 por ciento progresista, por eso gobierna la coalición de izquierdas. Y el 49 por ciento, conservadores. Si esto se revierte en las próximas elecciones, el porcentaje no variará demasiado. Entonces, ¿por qué el 85 por ciento de los jueces y fiscales son conservadores? Algo pasa. La justicia no está respondiendo a los ciudadanos a los que tiene que servir.
-En todas partes hay cierta debilidad por la gestión del Tribunal Supremo.
No es una debilidad. Es una clara intención del Ejecutivo: tener el control del Poder Judicial. Pero eso, incluso, es casi natural, porque quien ejerce el poder político tiene una capacidad ejecutiva que no tienen los jueces. Deben establecerse mecanismos de control y contrapeso. Cuando se trata de la separación total de poderes, No estoy de acuerdo. Es decir, sí a la división de poderes. Pero división no es lo mismo que separación. Lo que tiene que haber es un contrapeso entre los diferentes poderes del Estado. Pero todos forman el Estado. Esos controles y equilibrios son los que tienen que funcionar. Obviamente, cuando uno avanza sobre el otro, surgen problemas, pero incluso estas fricciones tienen que estar previstas en la fórmula para resolver estos conflictos. Hoy, el mundo en el que vivimos y la responsabilidad que tienen los jueces de proteger los derechos humanos, la interpretación de la ley debe ser necesariamente progresiva.
Madrid. Corresponsal
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