La última palabra corresponde al Tribunal Constitucional. Pese a ello, la autoridad electoral ya adelantó que las nuevas elecciones generales podrían celebrarse el próximo 20 de agosto.
La mayoría opositora de la recién disuelta Asamblea Nacional de Ecuador todavía confía en poder revertir el decreto del presidente Guillermo Lasso para regresar a sus funciones y continuar el juicio político que podría conducir a la destitución del presidente, aunque la autoridad electoral ya anticipó que las nuevas elecciones podrían realizarse el 20 de agosto.
La última palabra, sin embargo, la Corte Constitucional lo tieneque aún tiene que pronunciarse sobre las apelaciones de los oponentes y que suele tardar en dar sus fallos.
El extitular de la cesada Asamblea, Virgilio Saquicela, explicó el jueves a The Associated Press que interpuso una demanda personal ante ese tribunal argumentando que el decreto con el que Lasso disolvió la Asamblea no es congruente ya que no había conmoción social en el país.
Lasso disolvió la Asamblea el día anterior cuando se estaba presentando un juicio político en su contra por presunta malversación de fondos públicos.
tres causas
La decisión se basó en un artículo de la constitución que otorga al presidente la facultad de disolver la Asamblea Legislativa por una sola vez por tres motivos: cuando la Asamblea haya asumido funciones que no le corresponden, por entorpecimiento del plan nacional de desarrollo o por una grave crisis política y conmoción interna.
“Requerimos, exigimos un pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional”, dijo Saquicela, quien pidió al tribunal que se pronuncie en un plazo máximo de dos días. Él a su vez sostuvo que se presentaron otras dos demandas: uno del Partido Social Cristiano (PSC) y otro de la fuerza indígena Pachakutik.
Pero el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, argumentó en rueda de prensa que el decreto de disolución de la Asamblea queda «a juicio, criterio, discrecionalidad y justificación del jefe de Estado» y que no requiere aprobación de ninguna agencia.
Después de la disolución de la Asamblea Lasso puede gobernar hasta por seis meses por decreto en materia económica y administrativa, siempre con la aprobación del Tribunal Constitucional. A su vez, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones y quienes resulten electos deberán cumplir el actual período presidencial y legislativo que finaliza en mayo de 2025.
Los parlamentarios esperan que la Corte Constitucional resuelva el pedido antes de que el Consejo Nacional Electoral convoque a nuevas elecciones.
El abogado y analista electoral Medardo Oleas explicó a The Associated Press que cuando se declare abierto el período electoral, la máxima autoridad será el Consejo Nacional Electoral y de conformidad con la norma constitucional “Ninguna autoridad podrá interferir en el proceso”. Agregó que si la Corte Constitucional interfiere en algún fallo, sus miembros “podrían ser removidos”.
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo a la cadena de televisión Teleamazonas que el organismo Tienes hasta el 24 de mayo para convocar elecciones. que se realizaría el 20 de agosto y el 15 de octubre, en caso de ser necesaria una segunda vuelta. La decisión final de este organismo se adoptaría el jueves por la noche.
Saquicela acusó al gobierno de «inoperativo, incapaz de resolver los problemas reales de los ecuatorianos» en materia de salud, transporte y seguridad, y agregó: «No quiero justificar si la Asamblea ha sido buena o mala, lo que defiendo es el marco». constitucional e institucionalidad.
Lasso, un ex banquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 por un período de cuatro años y desde el inicio de su mandato tuvo que enfrentar una fuerte oposición legislativa liderada por una mayoría del partido Unión por la Esperanza, cercano al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Fuente: AP
pb