La salida escogida por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, para evitar un juicio político en su contra, salida promovida desde el Parlamento, donde hay una mayoría opositora encabezada por Unión por la Esperanza (UNES), el partido de izquierda del expresidente Rafael Correa, es una nueva culminación de los problemas institucionales que aquejan no solo a Ecuador, sino, en términos similares, también a Perú.
Se trata del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el que los dos poderes invocan su propia legitimidad electoral y democrática, lo que conduce sistemáticamente a bloqueos mutuos, que conducen a la inestabilidad gubernamental y elecciones anticipadas. Sin embargo, en muchos casos, la convocatoria a las urnas tampoco resuelve el enfrentamiento entre fuerzas políticas, sino que traslada la polarización política de nuevo a la institucionalidad ya las calles.
Debilidad del gobierno de Lasso
En el caso de Ecuador, una vez más se evidencia la debilidad del Presidente Lasso a raíz de los resultados de las elecciones seccionales del 5 de febrero, que al igual que el referéndum convocado por el propio presidente, demuestran claramente la debilidad del actual Gobierno, un rechazo a su estilo de gobernar ya la orientación de sus políticas públicas.
En las urnas, sobre todo en los resultados para las alcaldías del país, se vio el regreso al correísmo y se traslució la ínfima capacidad de convocatoria de Lasso. El derrumbe de su fuerza política también se refleja en el uso del instrumento constitucional de la «muerte cruzada» para disolver la Asamblea Nacional y la obligación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar simultáneamente a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias para completar el mandato. elección en curso.
Mientras tanto, el presidente puede operar a través de decretos-leyes, especialmente en materias de urgencia económica, previa aprobación de las medidas específicas por la Corte Constitucional.
Un nuevo presidente hasta 2025
Con esta decisión, el presidente Lasso estaría sacrificando en parte su mandato, ya que, aunque tenga la posibilidad de presentarse a las elecciones, sus posibilidades de obtener un voto aprobatorio son mínimas. Así, Ecuador tendrá un nuevo presidente más bien transitorio en un plazo máximo de 6 meses, ya que ocuparía su cargo solo hasta 2025, cuando finaliza el actual período constitucional (2021-2025).
El resultado de esta maniobra no es del todo seguro, pues los enfrentamientos ahora también tomarán las calles, con las ya anunciadas manifestaciones del movimiento indígena Pachakutik, cuya dirigencia calificó la medida como un “autogolpe cobarde”. Las consecuencias de la «muerte cruzada» tocarán también al poder judicial.
La judicialización de la crisis
Al justificar el decreto de «muerte del cruzado» con «una grave crisis política y conmoción interna», Lasso ha tratado de disimular que se trataba más bien de su intento de evitar un inminente juicio político por parte del Parlamento. Sin embargo, la medida, que el mandatario argumenta que estaba utilizando para evitar una grave crisis política, por la apertura de diligencias a 14 juicios políticos y la planificación de 5 juicios políticos a ministros y secretarios de Estado, tuvo que ser evaluada inmediatamente por el tribunal constitucional.
El profesor Günther Maihold escribe columnas sobre América Latina en .
Se presentaron ante la Corte seis acciones de inconstitucionalidad, la mayoría de ellas a manos de exasambleístas opositores, desestimadas con el decreto de «muerte de cruzado». En su decisión al respecto, la Corte rechazó por unanimidad las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra el Decreto Ejecutivo número. 741, con la que el presidente Guillermo Lasso aplicó la «muerte cruzada». También fueron rechazadas solicitudes para que la Corte adopte medidas cautelares, a fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado.
Al argumentar la Corte que respecto de la posibilidad de verificación de la causa de grave crisis política y conmoción interna invocada por Lasso “ninguna otra autoridad judicial del país la tiene tampoco”, se blinda la “muerte cruzada” de futuras posibles decisiones judiciales acerca de.
gobernar por decreto
Pero a este primer episodio de judicialización de la crisis le seguirá un segundo: a partir de ahora, el presidente puede gobernar mediante decretos-leyes, cuyos textos, tras ser firmados por Lasso, serán enviados a la Corte Constitucional para su correspondiente revisión y validación. Esta capacidad legislativa transitoria de Lasso está controlada por la Corte y limitada a medidas de urgencia económica.
De hecho, el presidente, ese mismo día, firmó una reforma tributaria, que debe aliviar la difícil situación económica de la población y permitir mayores ingresos fiscales para el Estado. Es de esperar que Lasso siga presentando todas aquellas iniciativas económicas que la Asamblea hubiera rechazado, por lo que muy pronto la actuación de la Corte entrará de lleno en el debate público sobre el modelo económico que debería seguir el país.
Así, la crisis política con las movilizaciones en la calle muy pronto perjudicará al propio poder judicial por ser considerado un actor aliado de un gobierno saliente, lo cual es ampliamente rechazado por la población. El peligro al que, al finalizar el proceso iniciado por Lasso, podrían verse expuestas todas las instituciones del país en una situación de bloqueos mutuos y rechazo popular es muy alto, no hay garantías de que las elecciones sean la vía segura por la que se solucionen los problemas. se puede resolver persistentes conflictos internos en este país andino.
¿Las elecciones anticipadas salvarán un posible suicidio institucional?
Con el anuncio de la «cruz de la muerte», los bonos soberanos de Ecuador también cayeron, ya que los acreedores del país dudan de la voluntad de Ecuador de cumplir con sus obligaciones con el posible resultado de las elecciones convocadas.
De esta manera, al complejo juego interno se le podrían agregar complicaciones en el frente externo, en aras de las dificultades económicas del país y la creciente sensación de inseguridad por el avance del crimen organizado.
El incierto panorama político, en el que también habrá que incluir militares con ambiciones de poder, implica que los actores políticos deben respetar las instituciones para que, al final, de la «muerte cruzada» no haya más daño que lamentar nivelar. de personas e instituciones que necesitan ser reconstruidas y rediseñadas.
Esta responsabilidad es del Gobierno, de la oposición, del Poder Judicial y del Ejército en conjunto, más aún cuando el resultado de las elecciones anticipadas no disuelva los bloqueos que han caracterizado muchos momentos de la vida política del Ecuador. (EM)