Lo hizo después de que el presidente, investigado por corrupción por la Fiscalía, le pidiera ayuda para superar la situación actual.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió este jueves enviar «un grupo de alto nivel» a Perú luego de que el presidente izquierdista Pedro Castillo, investigado por corrupción, le pidiera ayuda para superar la crisis política.
En sesión extraordinaria, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo del organismo, adoptó por aclamación la resolución “apoyando la preservación de las instituciones democráticas” en el Perú y llamó a “todos los actores” a actuar dentro del “estado de derecho”.
La resolución fue votada luego de que un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijera que el Perú vive un escenario de «crisis constitucional»‘.
La resolución pide que la actuación de «todos los actores» en el Perú se enmarque en el «respeto al estado de derecho». También destaca artículos de la Carta Democrática Interamericana que reconocen “la subordinación constitucional” de todas las instituciones del Estado. a la autoridad civil legalmente constituida.
Castillo volvió a denunciar intentos de la oposición derechista de sacarlo ilegalmente, antes de que la OEA realice una reunión para analizar la situación en Perú.
En mensaje a la nación, el mandatario, investigado por supuesta corrupción, dijo que solicitó la reunión del Consejo Permanente de la OEA para evitar la «grave alteración del orden democrático en el Perú» que, según él, busca la oposición de derecha.
“Mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y aplicación de la Carta Democrática Interamericana iniciar un proceso de consulta con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales”, dijo Castillo.
Esto debe servir «para encontrar, con los buenos oficios de la comunidad internacional, un camino que evite una alteración grave del orden democrático en el Perú», agregó el mandatario de izquierda, en el poder desde julio de 2021.
La Carta Democrática Interamericana es un documento regional para la defensa de la institucionalidad aprobado por la OEA y vigente desde hace dos décadas. Sus objetivos incluyen enfrentar las «amenazas a la gobernabilidad democrática» en la región.
Castillo invocó el artículo 17 de la Carta, que faculta a los países de la OEA a «solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de las instituciones democráticas».
La solicitud formal del gobierno peruano fue presentado el 12 de octubre de A pocos días de que la OEA, el organismo que agrupa a todos los países de las Américas, realizara su Asamblea General en Lima.
La acusación insiste
La Fiscalía peruana defendió este jueves que la denuncia interpuesta contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso por corrupción “forma parte de las facultades constitucionales” del Ministerio Público.
“El recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Congreso de la República se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales de la Fiscalía de la Nación y el cumplimiento de los mandatos constitucionales de persecución del delito y lucha contra la corrupción”, se lee en un comunicado del Ministerio Público.
Agregó que «la decisión institucional de presentar el recurso de inconstitucionalidad contra» Castillo «se basa en los resultados de investigaciones objetivassobre la existencia de indicios suficientes que revelen la presunta comisión de delitos”.
“Los fiscales realizamos nuestras investigaciones con total objetividad, apego a la Constitución y con irrestricto respeto al debido proceso ya la presunción de inocencia, sin ningún tipo de interés político, ideológico, económico o mediático”, dijo.
Finalmente, enfatizó que «el respeto a la autonomía del Ministerio Público es un requisito constitucional para todos los poderes y órganos constitucionales garantizados por las instituciones democráticas».
La denuncia interpuesta por la fiscal general, Patricia Benavides, señala al jefe de Estado como presunto cabecilla de una mafia corrupta que tiene como supuesta finalidad amañar contratos para obtener ganancias ilícitas de obras públicas.
Específico, Lo acusa de ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de dirigente, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
La pelea
El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente sólo pueden ser imputados durante el ejercicio de sus funciones para cuatro casos específicos, entre los que se encuentran traición a la patria o entorpecimiento de elecciones, pero no por corrupción o delitos comunes.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recibió la denuncia el viernes pasado y, desde ese día, ttiene un plazo de diez días podrá decidir si lo admite a trámite.
A partir de ese momento, el procedimiento parlamentario se llevará a cabo alrededor de tres meses ante el Congreso finalmente decida si acusa a Castillo de los delitos que señala la Fiscalía.
Ante esta situación, el abogado Eduardo Pachas, defensor de Castillo, afirmó este miércoles que Benavides debe ser excluido de la investigación contra el presidente por su supuesta falta de objetividad, y aseguró que la denuncia constitucional en su contra es una «venganza de carácter personal».
Fuente: AFP y EFE
PB