Hay descomposición democrática cuando se utiliza el sistema de justicia para la dominación política. Es un recurso utilizado a partir de estrategias políticas emanadas de la polarización política que literalmente se extiende a niveles globales. La gran diferencia, de un país a otro, se refiere al grado de independencia y autonomía real de los jueces en cada nación. No es lo mismo un país que tiene un sistema judicial donde los jueces no toman en cuenta la opinión de las autoridades políticas al momento de tomar sus decisiones, que aquellos donde los jueces están totalmente subordinados a los intereses y proyectos del poder político.
Por ejemplo, Donald Trump es un “querellante en serie” que, a juicio del juez John Middlebrook de Florida, había «mostrado un patrón de mal uso de los tribunales para promover su agenda política». En este caso, había demandado a Hillary Clinton por acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2016, que ganó Trump y que Clinton reconoció. Como castigo para Trump y su abogado, Alina Habba, jueza Middleton los multó con un millón de dólares. Dijo Middleton: “Este caso nunca debería haberse presentado. Su insuficiencia como recurso legal fue evidente desde el principio.
Ningún abogado razonable lo habría presentado con fines políticos, ninguno de los cargos en la demanda encomendada indicaba un reclamo legal reconocible”. Además, señaló que la demanda era «un manifiesto político de doscientas páginas que describe sus quejas contra quienes se le han opuesto».
De lo contrario, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos resolvieron, por mayoría simple, anular los derechos adquiridos de las mujeres estadounidenses en cuanto a decidir sobre su cuerpo y el derecho a interrumpir un embarazo no deseado y por razones médicas. Lo relevante en el caso es que la motivación central de los jueces en este caso, al anular un derecho adquirido por las mujeres por más de cincuenta años, se debió a los prejuicios religiosos e ideológicos de los sectores más conservadores de la sociedad de ese país.
Es decir, aun en un sistema judicial independiente subsisten elementos de orden subjetivo que motivan las decisiones de los jueces.
Hay países donde los sistemas de justicia se mueven influenciados casi exclusivamente por los intereses políticos y económicos de sus poderosos centros de poder político. Nuestro país es uno de esos casos.
El rostro de esta relación lo define el propio Presidente de la República a través de sus propias palabras cuando, en pleno proceso de selección para la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que “los Ministros deben elegir a quienes garantizan la transformación del país, no quien represente los intereses del antiguo régimen”, es decir, presionó al Pleno de Ministros para que escogiera a quien él había indicado.
Sólo faltaba «la ministra Jazmín Esquivel». En una sorprendente muestra de independencia del Pleno, se eligió como Presidenta a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien posiblemente goza del más alto nivel de criterio autónomo respecto del Presidente de la República entre los Ministros de la Corte.
Su elección refleja que no todo está perdido en el sistema judicial mexicano, a pesar de la presencia de tantos factores de presión que recibe del Poder Ejecutivo. Lo que sí confirma es que la pugna entre autonomía o subordinación es más fuerte que nunca en esa instancia de poder dentro del Estado mexicano.
Junto con esa nota notoriamente positiva, abundan las malas, incluido el cinismo desde la cúspide del poder. La negativa de la Ministra Jazmín Esquivel a reconocer que perdió toda autoridad moral para mantener su cargo de Ministra, al haber sido descubierta plagiando su tesis de grado, es una actitud de la dirigencia del poder que gobierna por su pujanza económica y capacidad de imposición, no por su legitimidad.
Y perder su legitimidad públicamente no los avergüenza ni los angustia, sabiendo que la legitimidad nunca fue parte de la razón por la que llegaron al poder. La Ministra y su esposo, el Constructor amado por el Presidente, son una pareja poderosa que acosa a propios y extraños, legal, política y económicamente. Son la expresión clara de la nueva clase política y económica que el Presidente de la República construye a su sombra. En unos años, esta nueva burguesía será identificada y conocida cuando comience a construir hoteles, centros de convenciones y plazas comerciales a lo largo de la ruta del Tren Maya.
La ruleta de la distribución y venta de inmuebles al borde de esa vía férrea está sucediendo en este momento, dirigida por Palacio Presidencial con sobrecostos del 10% al 15% para el autor de los sueños burgueses de los compradores. El Ministro y el Constructor están en la fila selecta de los recién agradecidos.
El Procurador General de la República litiga su odio a la cuñada y utiliza el poder del Estado para aplastarla. El Presidente de la República utiliza el poder del Estado para intentar procesar legalmente a la autora del libro El Rey del Dinero, principalmente por la genialidad de haber encontrado el apodo que la define en su totalidad como título de su libro. Será conocido, por el resto de sus días, como el Rey del Dinero en Efectivo. Por lo tanto, quiere encarcelar al autor.
El Constructor quiere destruir a su ex-nuera y utiliza descaradamente el sistema judicial, y a su esposa la Ministra, para lograr sus objetivos. Están protegidos en sus fechorías, por la vista gorda del presidente amigo.
Los familiares del mandatario serán, entre otros, beneficiarios de la especulación inmobiliaria desatada por la ruta del Tren Maya. Ese negocio quedará como el gran botín de este sexenio. Es, sin duda, un ejemplo del presupuesto público y del Ejército Mexicano puesto al servicio de la especulación inmobiliaria para enriquecer a particulares, todos amigos del Presidente. Por eso un sector del Poder Judicial se ha puesto al servicio de los intereses de esa burguesía emergente que no quiere permitir la alternancia en el poder en 2024.
La justicia politizada se nutre de la polarización social. Mientras las oposiciones se organizan para competir en las elecciones de 2023 y 2024, el Presidente avanza silenciosamente en la consolidación de su pacto Morena-nueva y vieja burguesía-Ejército-narcotráfico. Eso es lo que él entiende como “la transformación” del régimen. Es un nuevo sistema de dominación que someterá a la sociedad a nuevos dictados de saqueo económico, supresión de la democracia junto con el control de elecciones y opresión de los pobres, eternizados en su condición de sometimiento.
Este nuevo sistema necesita evitar la alternancia en el poder. Esta necesidad es el origen del Plan B del Presidente para inutilizar el INE antes de las elecciones de 2024. Incluso si el Plan B es aprobado en el Senado, los desafíos a este modelo perverso y destructivo de democracia tendrán que ser objeto de escrutinio y evaluación. del Senado de la República.
De ahí la importancia de seleccionar a una Presidenta de la SCJN con criterio propio para la resolución definitiva sobre la inconstitucionalidad o no del Plan B. De ser mayoritariamente rechazado, el proyecto estratégico de la Presidenta y aliados para evitar la alternancia caerá en 2024.
Ahí radica, entonces, la importancia histórica de contar con una Corte independiente con criterios basados en la Constitución y el Estado de derecho y no en función de los intereses del poder político actual. Definirá si México avanza hacia la autocracia o la democracia.
POR RICARDO PASCOE
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
MAÍZ
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