La provincia de Buenos Aires ha dado un paso crucial en la atracción de inversiones con la puesta en marcha formal del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RIGI), regulado mediante la Ley 15.510. Esta iniciativa, que busca fomentar inversiones productivas desde USD 5 millones, ha sido aprobada a través de la Resolución 36/2026 del Ministerio de la Producción, la cual establece el Reglamento Operativo que define el procedimiento para la presentación, evaluación y control de proyectos que buscan acceder a los beneficios.
Uno de los aspectos más destacados de este régimen es la segmentación por tramos, que contempla proyectos de más de 200 millones de dólares, ofreciendo incentivos como exenciones parciales en Ingresos Brutos, Bienes Raíces y Timbres, así como estabilidad fiscal de hasta 30 años para empresas de mayor envergadura.
Este esquema no se limita únicamente a beneficios fiscales, sino que también incorpora obligaciones vinculadas al desarrollo de proveedores locales y objetivos de producción, marcando una diferencia conceptual con la RIGI nacional. El gobernador Axel Kicillof ha apostado por un enfoque que, además de atraer capital, busca promover la integración territorial y encadenamientos productivos como contrapartida a los beneficios fiscales.
El Reglamento Operativo establece que los proyectos deben implicar nuevas inversiones y superar un piso mínimo de 5 millones de dólares, organizándolos en diferentes tramos según el monto comprometido, con beneficios y períodos de estabilidad fiscal específicos para cada segmento. Los interesados deben presentar la documentación correspondiente, que será evaluada por la autoridad de aplicación antes de otorgar la adhesión formal al régimen.
Entre los incentivos fiscales ofrecidos se encuentran las exenciones parciales en Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Timbres, así como la estabilidad fiscal en impuestos provinciales para proyectos que superen los 200 millones de dólares. Este esquema combina la reducción de la carga fiscal con la previsibilidad regulatoria, factores clave en la evaluación de proyectos a largo plazo.
Un aspecto diferencial del régimen bonaerense es la inclusión de requisitos vinculados al desarrollo productivo local, como la presentación de un Programa Provincial de Desarrollo de Proveedores para inversiones superiores a 50 millones de dólares. La normativa busca generar encadenamientos productivos dentro del territorio provincial y evitar iniciativas aisladas.
La implementación del régimen porteño se da en un contexto de debate político y económico, ya que presenta un enfoque que prioriza la integración productiva local frente a la atracción de grandes proyectos exportadores. Mientras que la RIGI nacional busca garantizar estabilidad jurídica y fiscal, la propuesta provincial busca promover el desarrollo económico a nivel local.
