Las centrales nucleares y la guerra en Ucrania: lo que dice el derecho internacional | El mundo |

El ejército ruso ha ocupado la central nuclear de Zaporizhia en el sur de Ucrania desde marzo. Desde finales de julio ha sido bombardeado repetidamente, ataques de los que Kyiv y Moscú se culpan mutuamente. Esto ha despertado nuevas preocupaciones sobre una posible catástrofe nuclear en la central nuclear más grande de Europa.

Esta no es la primera vez que se plantea el tema de la seguridad nuclear en la guerra de Ucrania. No solo en relación al posible uso de armas nucleares, del que ha hablado abiertamente el presidente ruso Vladimir Putin, sino también en referencia a las centrales nucleares como objetivos militares.

Reglas asombrosamente precisas

¿Qué dice el derecho internacional al respecto? La Convención de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales posteriores regulan la conducta en los conflictos armados y buscan limitar su impacto. El artículo 56 del primer Protocolo Adicional de 1977 habla de la «protección de las obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas». Además de presas y diques, también se mencionan explícitamente las centrales nucleares.

Dado que la Federación Rusa y Ucrania se encuentran entre los signatarios y no han expresado excepción al primer Protocolo Adicional, las reglas deben aplicarse a ambos Estados. En principio, las centrales nucleares no pueden ser atacadas, según el artículo 1, “aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan dar lugar a la liberación de dichas fuerzas y, en consecuencia, causar pérdidas importantes a la población civil”. No hay duda de que esto también incluye la radiactividad.

La distinción entre objetivos militares y civiles es uno de los principios del derecho internacional humanitario consagrado en la Convención de Ginebra. Según este acuerdo, los objetivos militares solo pueden ser atacados bajo ciertas condiciones. Debe garantizarse en todo momento la protección de la población civil.

Las centrales nucleares como «actos de apoyo a la guerra»

Sin embargo, el párrafo también establece que las plantas de energía nuclear no son tabú en todos los casos, sino solo «cuando tales ataques pueden resultar en la liberación de fuerzas peligrosas y, en consecuencia, causar pérdidas significativas a la población civil». En otras palabras: si no se espera que un ataque cause muchas muertes de civiles, es legal bajo ciertas circunstancias.

Pero incluso si un ataque fuera posible en estas condiciones, el párrafo 3 del Protocolo Adicional establece que «la población civil (…) seguirá teniendo derecho a todas (…) la protección que le otorga el derecho internacional». Por lo tanto, el agresor tendría que hacer todo lo posible para proteger a los civiles de la radiación, por ejemplo iniciando una evacuación de las áreas circundantes.

El resultado final: los Estados que han firmado la Convención de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, incluidos Rusia y Ucrania, se han comprometido a poner serios obstáculos a los ataques a las plantas de energía nuclear. Sin embargo, aunque hay pocas circunstancias en las que tal ataque sea posible, la posibilidad no se descarta por completo.

En la práctica, el efecto del artículo 56 del primer Protocolo Adicional a la Convención de Ginebra es limitado. La existencia de las circunstancias sigue siendo una cuestión de interpretación en casos particulares. Además, Rusia tiene un asiento permanente con poder de veto en el Consejo de Seguridad y podría evitar cualquier posible sanción por parte de las Naciones Unidas por una violación del derecho internacional.

(es / ers)

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