Por una razón u otra, los retrasos de las empresas en el pago de sus facturas siguen creciendo. El año pasado se registró un incremento de tres días, hasta 70 días de media, pese al buen tono económico, como se desprende de la encuesta entre 500 empresas realizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), presentada este jueves por su presidente, Antoni Cañete.
El elemento positivo es que, en el caso de las administraciones públicas, el plazo de pago se ha reducido en doce días, hasta alcanzar los 55. Se trata de un consuelo parcial, ya que la Ley 15/2010 establece un plazo de 60 días para las empresas y otro de 30 para las administraciones públicas, para que ni unas ni otras las cumplan.
Cañete apeló a la «imperativa necesidad de abordar el problema de la morosidad en nuestro país». Los plazos de pago en España, aseguró, están entre los más largos de la Unión Europea», denunció durante la rueda de prensa de presentación del informe.
Sólo el 19% paga a tiempo y eso genera una cadena de morosidad
La encuesta muestra que el 81% de las empresas superan el plazo legal de 60 días. Además, el 45% tarda más de 90 días en hacerlo, mientras que sólo el 19% cumple con lo establecido en la legislación.
El presidente de la plataforma recuerda el efecto cadena de estos comportamientos, ya que si una empresa no paga a tiempo a un proveedor, este tampoco puede pagar al siguiente eslabón de la cadena. Los contratistas terminan pagando a los subcontratistas 99 días después en promedio.
La plataforma considera que el problema empieza precisamente en las grandes empresas y califica de «excusas de mal pagador» las quejas de sectores como el azulejero, que teme perder las ayudas europeas por no cumplir los plazos debido a su elevada actividad exportadora. «A la mayoría de proveedores se les imponen condiciones de pago abusivas», afirma Cañete.
El 59% señala a las grandes empresas como las principales culpables
El 59% de los encuestados afirma que el tipo de cliente que más tarda en pagar es precisamente la gran empresa, es decir, la que factura más de 50 millones de euros al año. En las administraciones públicas, en cambio, son los ayuntamientos los que más retrasos sufren. En cualquier caso, estas prácticas acaban prosperando sin sanción alguna, ya que el 85% de los proveedores, por temor a represalias, no reclaman intereses de demora.
Para el PMcM la esperanza está puesta en el nuevo reglamento europeo. En el último pleno del Parlamento Europeo antes de las elecciones de junio, que se celebrarán los días 23 y 24 de abril, debería aprobarse un nuevo reglamento ya avalado por la Comisión Europea en el que los plazos de pago sean obligatorios y se produzcan sanciones para los morosos si el retraso supera los 30 días.
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