«Los Estados miembros pueden…». Esta frase se repite casi una decena de veces entre las 180 enmiendas con las que el diputado del partido socialista europeo Nicolás González Casares tiene en vilo al sector energético en España.
El hispanohablante defendió este martes en el Parlamento Europeo reformas sociales como la protección de los colectivos vulnerables ante los cortes de suministro, o el polémico tope a los llamados beneficios caidos del cielo por tecnologías inframarginales (aquellas que en el mercado ofrecen precios más económicos que los del mercado para poder vender toda su producción por estar libres de emisiones de CO₂).
Medidas de apoyo a los vulnerables
Con más apoyo a la primera medida por parte de un mayor número de grupos políticos y gran desacuerdo con la segunda, lo que realmente preocupa en el sector no son las reformas que la Unión Europea podría definir para todos los países.
El principal riesgo que se aprecia, al menos desde el sector energético español, «es la discrecionalidad que introduce la propuesta del ponente principal para dar potestad a los estados miembros en los puntos más estratégicos de la reforma, como son el tope a los beneficios de las energías inframarginales, la regulación de los contratos por diferencias de venta de energía o la regulación de los PPA (contratos de venta a precio fijo)”, afirman diversas fuentes consultadas del sector.
Hispanohablante faculta a estados para fijar topes a prestaciones y contratos bilaterales
La propuesta de González Casares faculta a los estados para que esta nueva regulación pueda aplicarse a los contratos ya existentes si así lo consideran; definir quién puede acceder a un PPA; también establecer precios regulados para el almacenamiento; definir situaciones de crisis en base a sus criterios, y establecer mix energético, entre otras medidas.
“En una situación normal esto no debería preocuparnos mucho. El problema son los tiempos. Ahora hay mucha prisa por cerrar la negociación antes de que acabe la legislatura y se corre el riesgo de que la Comisión Europea se ponga de acuerdo para ir por el camino más rápido y sacar adelante el texto de la ponente española que pone en riesgo la unidad de mercado”, aseguran desde el sector.
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Ese camino sería aceptar que cada país tuviera un amplio margen de decisión en la regulación que rompiera las señales de precios del mercado. “Sería la ruptura total del mercado único europeo de la energía y una forma de ahuyentar a los inversores a largo plazo”, dicen los más acérrimos críticos de la medida.
“Dejar que los estados decidan puede tener su lógica ya que la estructura energética es muy diferente. El problema es que existe el riesgo de que un Estado se exceda en incentivar, por ejemplo, las ayudas a las renovables y nos encontremos ante un exceso de capacidad cuyo coste acaba pagando los contribuyentes”, señalan otras fuentes del sector más a favor de que la decisión de fijar límites y criterios nacionales quedara en manos de un grupo de expertos.
La Eurocámara trabaja a tasas excepcionales
A las 186 enmiendas de González Casares se suman las que también están aportando otros grupos políticos, por lo que la Eurocámara debe trabajar a marchas forzadas para disponer a tiempo de un texto conjunto con el que demostrar su capacidad de funcionamiento también en tiempos excepcionales.
A lo largo de la crisis se han apartado de las decisiones estratégicas para no retrasar la puesta en marcha de medidas. “Así que ahora están bajo presión para cumplir y tener un documento final antes de finales de junio”, explican fuentes europeas. Un subidón que preocupa mucho a las grandes eléctricas.
Francia, el gran riesgo
El éxito o el fracaso de la propuesta del ponente socialista es una cuestión más de interés nacional, como es habitual en Bruselas. Alemania se alía con el mercado mientras que Francia, con un 80% de energía nuclear inframarginal, está, como España (60% inframarginal), del lado de los topes de precios «Es la fórmula que le permitiría topar los precios de toda su energía nuclear y dar a su industria un margen de competencia frente a la alemana”, apuntan desde el sector eléctrico español, que también teme que esta nuclear compita con la energía barata procedente de renovables que se generará en España y que podría atraer tejido productivo al país.
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