Si el año pasado la licitación de contratos públicos cerró con el mayor volumen desde la Gran Recesión, en lo que va de 2023 la tasa no ha bajado y, de mantenerse así, alcanzará otro récord. Los informes de la asociación empresarial de la construcción Seopan y de la consulta DoubleTrade apuntan a un nuevo y fuerte repunte, y el sector cita el calendario electoral como uno de los motivos.
“La influencia del ciclo electoral en la licitación y contratación pública de obras confirma el patrón habitual consistente en la aceleración de ambas prácticas previas a las elecciones y una paralización posterior a su celebración, independientemente del resultado electoral”, afirma el presidente de la Seopan Asociación de la Construcción, Julián Núñez.
Entre enero y marzo se licitaron en España 37.570 concursos públicos de servicios y construcción, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior, con un coste especialmente llamativo de 36.734 millones de euros, casi el doble que a principios de 2022. , motivado en este caso por la revisión al alza de los costes, según DoubleTrade.
Más animación del Estado y los municipios
En el ámbito de la construcción, según Seopan, la licitación equivalió a 5.337 millones en el primer trimestre, un 16% más, y fue especialmente intensa en el Estado y entre las administraciones locales, con incrementos del 49% y 30%, respectivamente. . La Dirección General de Carreteras está aprovechando al máximo el asfaltado de carreteras, hasta el punto de quintuplicar el volumen de contratos y competir con Adif por el primer puesto como organismo licitador.
Para Xavier Piccinini, director general de DoubleTrade España, el problema de este frenesí de pujas en año electoral es que va acompañado de unos presupuestos «disparados». “La inflación desbocada y el aumento del coste de los materiales nos han hecho encaminarnos hacia un mayor coste de la vida que también se traslada a las licitaciones públicas que no paran de crecer por la exigencia de cubrir las necesidades de los ciudadanos y la proximidad de nuevas citas. elecciones», concluye.
La CNC, contra el uso de las inversiones como «arma electoral»
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, espera que el esfuerzo sea lo más útil posible. “Confiamos en que el aumento de la inversión no se utilice como arma electoral, sino como impulso a un sector decisivo para ejecutar los fondos europeos y fomentar la economía y el empleo en España”, afirma.
Del total de licitaciones lanzadas en el primer trimestre, las de obras representan una porción menor y están por debajo de las de suministros y servicios, que equivalen a cerca de la mitad. Sin embargo, en un año electoral, las obras tienden a crecer más.
Publicado el concurso de carretera de Aragón
La mayor licitación de las publicadas en el trimestre ha sido la de Autopistas de Aragón, por un importe de 2.192 millones de euros, por delante de una de equipos de comunicaciones del Ministerio de Hacienda por 1.302 millones de euros y otra de suministro de material de laboratorio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por 1.000 millones de euros.
Las dos comunidades autónomas en las que más ofertas se licitaron en el primer trimestre fueron Cataluña y Andalucía, con más de 6.000 cada una. En Madrid y Valencia la cifra estaba entre 3.000 y 6.000, mientras que en el resto de regiones estaba por debajo.
Las empresas se quejan del mecanismo de revisión de precios
Fernández Alén advierte de la necesidad de un mecanismo estable de revisión de los precios de los contratos públicos, ante el riesgo de que muchas obras se paralicen. “Hoy en día muchas constructoras se están viendo obligadas a trabajar a pérdida o, directamente, a cerrar. Son problemas que asfixian a nuestras empresas y amenazan el Plan de Recuperación”, advierte.
“O se adoptan soluciones urgentes o se seguirán muriendo empresas y se destruirá empleo en un sector crucial para la ejecución de los fondos europeos, ya que canalizará siete de cada 10 euros desde Europa”, asegura.
Desde Seopan, Núñez también lamenta la “ausencia de fórmulas y mecanismos de estabilización de precios en las obras licitadas por comunidades autónomas y corporaciones locales”. Según él, la incertidumbre afecta a obras públicas por valor cercano a los 6.000 millones de euros.
También detecta otras dificultades como la “reducción cada vez más insostenible de la tesorería de las empresas contratistas al anticipar con sus propios recursos el aumento sin precedentes del coste de los materiales de construcción”. Un tercer escollo tiene que ver con la “ausencia de mecanismos de revisión en los contratos de servicio público” de hasta cinco años de duración, en los que la normativa vigente les impide revisar tanto sus costes salariales como de materiales y energía.
leer también
Continuar leyendo Las licitaciones públicas repuntan con el año electoral
