En esta noticia se revela un cambio trascendental en el ámbito jurídico que impactará directamente en el mundo empresarial y en la seguridad jurídica de nuestro país. La sanción de la Ley 27.799, conocida como la «Ley de Inocencia Fiscal», marca un hito en la política criminal al reintroducir la racionalidad, la previsibilidad y la seguridad jurídica en un contexto donde el automatismo punitivo ha predominado durante años.
Del automatismo punitivo a la racionalidad jurídica
Durante mucho tiempo, el sistema se basó en una lógica peligrosa: cualquier determinación administrativa impugnada automáticamente se traducía en una denuncia penal. Esta práctica convirtió al Derecho penal en un instrumento de presión recaudatoria y desvió su verdadera función como último recurso. La Ley 27.799 cambia este paradigma al elevar los umbrales de sanción y reorganizar el régimen de prescripción, restableciendo el principio de imputación objetiva en el Derecho Penal moderno.
Retroactividad benigna y el caso FANDOS: aplicación obligatoria, no discrecionalidad
En el caso FANDOS, el Juzgado Federal de Rosario aplicó la Ley 27.799 de manera obligatoria, siguiendo el principio de legalidad y sin discreción ideológica. Esta decisión condujo al despido y la exoneración total de responsabilidad penal, demostrando que el derecho penal más benigno se aplica en un Estado de derecho serio. Para el sector productivo, esta claridad es fundamental, ya que la previsibilidad en la aplicación regulatoria es un activo institucional.
La importancia de esta reforma va más allá de la técnica penal tributaria. Su verdadero impacto radica en el mensaje sistémico que transmite: el Derecho Penal no puede ser utilizado como una herramienta de gestión fiscal. La seguridad jurídica es crucial para el desarrollo económico, y reducir el automatismo punitivo fortalece institucionalmente al Estado.
En conclusión, la Ley 27.799 representa un cambio significativo en la forma en que se aborda la evasión fiscal y la aplicación del Derecho Penal en nuestro país. Restaurar la racionalidad y la legalidad en este ámbito no solo beneficia a las empresas, sino que también fortalece las bases institucionales de nuestra sociedad. La estabilidad jurídica se construye con decisiones coherentes y respeto por los principios fundamentales del Derecho.
