En esta noticia se revelan los impactantes cambios que se avecinan en la Ley Forestal de Argentina, con la recategorización de áreas protegidas y la posibilidad de una explotación extensiva por parte de diversas industrias. La reforma propuesta por el gobierno de modificar la Ley Forestal ha generado reacciones encontradas, especialmente por parte de los sectores medioambientales preocupados por el aumento de desmontes y la ilegalidad que podría surgir.
La recategorización de áreas actualmente clasificadas como Categoría II (Amarillo) permitiría un cambio en el uso del suelo que actualmente solo permite un uso sostenible. Esto significaría otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones para autorizar proyectos productivos en áreas antes protegidas, limitando la prohibición de tala estrictamente a los bosques nativos.
El informe de Greenpeace destaca que más de 210,000 hectáreas ya han sido afectadas por la deforestación, especialmente en el norte argentino, con presión de la agroindustria, la minería y el negocio inmobiliario. Santiago del Estero se posiciona como el caso más extremo, con 104,474 hectáreas afectadas en 2025, donde el 80% de los desmontes serán ilegales.
En Chaco, Salta y Formosa también se registran importantes pérdidas forestales, con presión principalmente de la ganadería intensiva y la soja transgénica, orientadas a la exportación. Estos cambios en la Ley Forestal chocan con los compromisos internacionales de Argentina en materia climática, como la meta de «deforestación cero» para 2030.
La recategorización en Santiago del Estero beneficiaría a los pools de semillas, fondos agrícolas y grandes actores del negocio de la soja y el maíz, mientras que en Chaco favorecería a la industria forestal y plantas procesadoras de carne exportadoras. En Salta, la recategorización facilitaría el desarrollo de infraestructura vinculada a la minería, beneficiando a empresas de litio y cobre, así como productores de legumbres.
En Formosa, se consolidarían los corredores logísticos y la expansión agroindustrial, beneficiando a empresas constructoras de obras públicas, la agroindustria y el sector ganadero. En Córdoba y la Patagonia, la eliminación de restricciones al uso de tierras quemadas abriría oportunidades para promotores inmobiliarios y proyectos turísticos y energéticos.
En definitiva, el debate sobre la Ley Forestal trasciende lo ambiental y redefine el uso del territorio y el modelo productivo en Argentina. Es crucial seguir de cerca estos cambios y sus impactos para asegurar un desarrollo sostenible y equilibrado en el país.
