El naufragio del pasado domingo en el que murieron al menos 62 inmigrantes en la costa calabresa tras hundirse su embarcación es solo el último episodio de una tragedia humanitaria que parece no tener solución a la vista. Un cóctel de crisis económicas, conflictos armados y tensiones geopolíticas que regar las playas italianas con cadáveres.
Las estadísticas oficiales pintan un panorama tan sombrío como las imágenes de la catástrofe que circulan por los portales del mundo. Según Naciones Unidas, desde 2014, año en que dejó de operar la Operación Mare Nostrum (la última misión oficial con mandato de búsqueda y rescate de personas en alta mar), 25.000 personas han muerto solo en el Mediterráneo.
El naufragio en Calabria es el incidente 115 con más de 50 muertes en el mismo periodo de tiempo. Y aunque el grueso de las muertes en el mar sigue produciéndose en la ruta del Mediterráneo central entre Libia e Italia, en los últimos meses la organización Médicos Sin Fronteras ha constatado un aumento en el número de personas que realizan las peligroso viaje desde Turquía hasta el sur de Italia.
Según sus datos, solo en 2022 llegaron a Europa unas 30.000 personas por esa vía.
La compleja situación parece haber empeorado con el ascenso al poder en Italia de la coalición de extrema derecha liderada por Giorgia Meloni, que también incluye a Mateo Salvini, el líder del partido La Liga que ya era conocido por sus posturas antiinmigrantes durante la época en que fue miembro del gobierno de Giuseppe Conte.
“Sabíamos que venían tiempos difíciles. El actual gobierno de Italia hizo campaña sobre su oposición a la inmigración, y Se sabía que iban a entorpecer nuestra actividad. Estamos llenando un vacío dejado por los Estados. Si hicieran lo que tenían que hacer, no estaríamos aquí. Ahora no solo no están haciendo su trabajo, sino que intentan impedir que nosotros hagamos el nuestro”, dice Juan Matías Gil, jefe de misión de la operación humanitaria de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el barco Geo Barents en el mar Mediterráneo.
Gil, que es argentino, sabe de lo que habla cuando se refiere a las acciones del gobierno de Meloni. Por estos días, Gil y su equipo tienen prohibido salir a hacer su trabajo luego de que el Ministerio del Interior italiano los acusara de violar una polémica ley promulgada recientemente precisamente para obstaculizar los esfuerzos de rescate realizados por organizaciones humanitarias.
En este punto conviene aclarar que el Geo Barrents, el barco que comanda Gil, cubre la ruta migratoria que une Libia con la península Itálica a través del Canal de Sicilia. La tragedia del domingo ocurrió en Crotona, Calabria, en el mar Jónico en el este de Italia, lejos del área cubierta por la misión de MSF.
“El jueves 23 de febrero recibimos una detención administrativa de 20 días y multa de entre 2 mil y 10 mil euros. La explicación que nos dieron es que no entregamos a las autoridades la información necesaria para reconstruir el último rescate que hicimos”, explica Gil.
El requerimiento de esta información es una de las nuevas disposiciones que manda la polémica ley, que primero fue sacada por decreto en febrero, pero que ya cuenta con la aprobación de ambas cámaras del parlamento.
Hay dos requisitos principales que exige esta legislación que claramente apuntan a impactar el trabajo de rescate en el mar. El primero de ellos manda que los barcos deben ir inmediatamente a un puerto después de un rescate para derribar a la gente. Esto significa detener su tarea cuando todavía hay espacio para incorporar más inmigrantes.
“Si hace buen tiempo, podemos hacer hasta 11 rescates en 48 horas. Si te ves obligado a ir a un puerto a desembarcar después de un solo rescate, tienes que ignorar cualquier otra llamada de ayuda que aparezca, que va en contra de las Convenciones Marítimas Internacionales”, explica Gil, quien también detalla que esta disposición abre la puerta a maniobras disuasorias adicionales que no están contempladas explícitamente dentro de la ley.
“Cuando pedimos un puerto, nos mandan a desembarcar a grandes distancias de donde estamos. En lugar de enviarnos a destinos disponibles a unos cientos de kilómetros de distancia, nos enviaron a La Spezia, en Génova, ya Ancona, en el mar Adriático. Eso son 1500 kilómetros de distancia, lo que significa 5 días de ida y 5 días de vuelta, minimizando aún más las posibilidades de hacer nuestro trabajo”, completa el capitán argentino, nacido en Tigre y economista con posgrado en servicios públicos.
La otra disposición importante tiene que ver con la información que el Ministerio del Interior quiere que estas misiones entreguen a las autoridades después de las misiones de rescate. Según la explicación de Gil, no sólo se le pide que entregue la información de la Registrador de datos de viaje (VDR, el equivalente en barco a la caja negra de un avión) para registrar los detalles de cada misión, pero también piden detalles de posibles solicitantes de asilo.
“No hay una lista de qué datos quieren. Ni sobre nuestro viaje ni sobre aquellos que potencialmente buscan asilo. Podemos entregar información, pero sin una descripción detallada de lo que quieren, se vuelve difícil de cumplir y nos convertimos en blancos fáciles”, enfatiza Gil.
Siete años sin resoluciones
La lógica detrás de la decisión del gobierno italiano de promulgar esta ley es prácticamente idéntica a la utilizada para criticar y finalmente cerrar la Operación Mare Nostrum en 2014. En ese momento, se afirmó que la misión encabezada por la Armada italiana para rescatar a personas en mar sirvió de incentivo para los migrantes se aventuró a completar el viaje.
Aunque los datos no avalan esta posición (la tasa de mortalidad de los inmigrantes en el Mediterráneo se multiplicó por diez en 2014 y 2015), el Gobierno de Meloni considera que la presencia de embarcaciones humanitarias en la zona ofrece el mismo tipo de “esperanza” que dio en su momento la operación naval.
“Somos solo un paliativo. El año pasado estuvimos involucrados en solo el 10% de las llegadas de inmigrantes a Italia. Golpearnos para cubrir el otro 90% es inviable, y la tragedia de Calabria es prueba de ello. No se pueden esconder los cuerpos que aparecen en las playas”, enfatiza Gil.
El desmantelamiento de la Operación Mare Nostrum dio lugar al lanzamiento de la Operación Tritón, que se prolongó hasta 2018 y, a diferencia de su antecesora, estuvo dirigida por Frontex, la agencia encargada de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea. Actualmente, la misión que cumple ese rol es la Operación Themis.
Según Gil, el objetivo de estas misiones se diferenciaba del Mare Nostrum en un punto clave, ya que su mandato principal es el control de fronteras y prevención de la migración ilegal, y no el rescate de personas en el mar.
Esto marca una clara diferencia con respecto a los tratados vigentes sobre salvamento de personas en el mar. Según SAR, SOLAS y UNCLOS, los tres convenios internacionales en los que se basa la legislación actual, es obligatorio desembarcar a los migrantes en un “puerto seguro”.
Esto significa que las personas rescatadas en el Mediterráneo deben ser entregadas a Europa, ya que Naciones Unidas no considera que Libia o Túnez, los dos países del norte de África más cercanos, sean seguros para los migrantes y solicitantes de asilo.
La queja central es que este punto no es respetado por la misión oficial que patrulla las aguas.
Es imposible ignorar el impacto político que este tema tiene en los países que deben recibir migrantes. Gil, que reside en Roma, lo nota en sus interacciones diarias con los italianos comunes.
“Hay mucho desgaste y polarización en torno al tema migrante. Personas que están completamente a favor y otras que están muy en contra. También hay mucha desinformación. Se dice que “ya se han recibido millones de migrantes en los últimos 14 años”, pero los datos muestran que el número de inmigrantes ilegales se ha mantenido estable. También es notorio que, en un continente como Europa con una población que envejeceno hay debate sobre cómo incorporar a estos migrantes, ya que este tema se va a tornar urgente en las próximas décadas”, completa el capitán argentino.