Hace dos años, el 78% de los chilenos votó a favor de una nueva Constitución que reemplace a la actual que rige en el país desde la dictadura militar que duró de 1973 a 1990.
Sin embargo, el nuevo texto redactado posteriormente por una Convención Constituyente, con mayoría de convencionalistas que se identificaron como de izquierda, contiene una serie de artículos controvertidos que _según varias encuestas anteriores_ llevaría a los chilenos a rechazar la nueva Carta Magna en el plebiscito del domingo, cuya participación es obligatoria.
Entre los puntos más polémicos está el otorgamiento de derechos inéditos a los pueblos indígenas en la nación sudamericana, que representan el 12,8% de los 19 millones de chilenos y que no se mencionan en la carta vigente.
De imponerse el “Rechazo”, la Constitución legada por la dictadura militar seguiría vigente. Aunque la oposición y el oficialismo del presidente socialdemócrata Gabriel Boric coincidieron en que el proceso constituyente seguiráEstoy tratando de crear otra tarjeta.
He aquí un vistazo a los puntos más controvertidos de la nueva Constitución propuesta
Pueblos indígenas y plurinacionalidad
El proyecto de nuevo texto constitucional establece que Chile es un Estado plurinacional e intercultural y reconoce la existencia de los 11 pueblos originarios de Chile en el marco de un país cuyo territorio es único e indivisible.
Especifica que el Estado debe promover y garantizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, respetar sus derechos colectivos y, en el ámbito de las funciones públicas, debe promover mecanismos que favorezcan el reconocimiento de la diversidad étnica. También, deben proteger sus derechos a la autonomía y al patrimonio, otorgar el reconocimiento de sus tierras y recursos.
También establece la creación de autonomías territoriales, cuyos límites geográficos y atribuciones serían establecidos por una ley aprobada por el Congreso, en caso de ganar la «Aprobación».
Todo esto ha generado críticas de varios que ven intentos de dividir el país.
El senador Javier Macaya, presidente del partido conservador Unión Democrática Independiente (UDI), considera que en su forma actual implicaría establecer «múltiples naciones dentro del país; creemos en la unidad nacional».
Para el constitucionalista de la Universidad de Los Andes, Jaime Arancibia, el rechazo a estos apartados demuestra que algunos chilenos quieren mantener una visión de Estado «unitario» que se ha construido a lo largo de más de dos siglos de independencia.
El cierre de la campaña Aprobatoria en Valparaíso, a favor de la nueva Constitución chilena EFE
Los pueblos indígenas de Chile vienen reclamando desde hace décadas que sus extensos territorios les fueron arrebatados en el siglo XIX y algunos grupos radicales han utilizado la violencia como instrumento para hacer sus reivindicaciones.
La nueva Constitución establece la restitución de tierras, aunque no especifica en qué casos. Solo indica que se creará una Comisión Territorial Indígena que elaborará propuestas entre el Estado y los pueblos originarios para demarcar, reparar y restaurar tierras.
PUEBLOS INDÍGENAS Y JUSTICIA
La propuesta también reconoce la sistemas judiciales de los pueblos originarios, que “coexisten coordinadamente en un plano de igualdad” con el sistema nacional, cuya labor jurisdiccional será ejercida por sus autoridades.
El texto no especifica cuáles serán las facultades, ni qué tipo de delitos perseguirán sus sistemas judiciales. Las definiciones deben ser establecidas por una ley que sería tramitada por el Congreso después del plebiscito y en caso de aprobarse la nueva Carta Magna.
Los indígenas chilenos carecen de los tribunales que posee el sistema nacional y tienden a resolver los conflictos a través del diálogo.
El constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Jorge Correa Sutil, ve un problema: que los pueblos originarios no cuentan con un ordenamiento jurídico plasmado en textos. Agregó que esto implicaría que Quienes estén sometidos a esa justicia no sabrán qué reglas se les aplicarán.
Sin embargo, hay consenso en que cualquiera que sea la opción que gane, «Aprobar» o «Rechazar», el oficialismo y la oposición introducirían reformas ya sea a la nueva Carta Magna o a la legada por la pasada dictadura militar, si el nuevo texto es rechazado.
El oficialismo prometió en esa línea rreformar los artículos sobre autonomías territoriales para indicar que «serán consistentes» con el naturaleza indivisible del país; la referencia a los sistemas judiciales indígenas para precisar que sólo se aplicarán a sus habitantes.
También dejarán en claro que los temas de carácter nacional y las reformas constitucionales quedarán excluidos de las consultas previas a los pueblos indígenas sobre asuntos que puedan afectarlos.
Marcha en Santiago para rechazar la nueva Constitución que se votará el domingo EFE
Entre las promesas de cambio de la oposición están cambiar el actual Estado unitario por un Estado social de derecho; promover el acceso y ejercicio adecuado de los derechos sociales en educación, salud, pensiones y vivienda; Descentralizar el país y reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios.
También coinciden en que tendrán que aclarar varios artículos, incluido el de los sistemas de justicia indígena, para establecer que solo podrán actuar en sus comunidades y que no podrán perseguir a las personas no indígenas.
CAMBIOS EN EL PODER JUDICIAL
De aprobarse la nueva Constitución, el modelo de un solo Poder Judicial dejará de existir y se transformará en un Sistema de Justicia, integrado por el Sistema Nacional y los ordenamientos jurídicos indígenas.
Crea un Consejo de Justicia Plurinacional y Paritario, que nombrará a todos los jueces y funcionarios, revisará la gestión de todos los tribunales y podrá sancionarlos o removerlos si fuere necesario. La función sancionadora la ejercen actualmente la Corte Suprema y las 17 cortes de apelación.
Los jueces serán minoría en el Consejo, en razón de sus 17 miembros, ocho serán jueces, dos funcionarios públicos, dos indígenas y los cinco restantes serán designados por el Congreso.
El académico Correa Sutil considera que el Consejo de Justicia es un órgano externo y el hecho de que se le dé facultades para sancionar, lo que hace es «agravar el problema de la imparcialidad e independencia judicial».
Sobre la composición del Consejo, sin mayoría de jueces, el exministro de Justicia Luis Bate señala que “Afecta la independencia de los jueces”. El constitucionalista Arancibia agregó que su composición «favorecerá su control político partidista», en alusión a los miembros que designará el Congreso.
Cuando los tribunales se pronuncien sobre un caso relacionado con indígenas, deberán adoptar una perspectiva multicultural, teniendo en cuenta las costumbres, tradiciones, protocolos y sistemas normativos de los respectivos pueblos originarios.
El máximo tribunal seguirá existiendo, aunque sin su actual facultad de gobernar el Poder Judicial. Quiero decir muy débil.
OTRAS NORMAS PROPUESTAS QUE GENERAN RECHAZO
Otro artículo resistido por la oposición y por sectores de centroizquierda es el que alude al aborto, sin nombrarlo. La norma consagra los derechos sexuales y reproductivos de las personas, incluidos los de decidir libremente sobre su cuerpo y sobre la «reproducción».
Ante las críticas de algunos convencionalistas que redactaron el texto porque no se especificó hasta qué mes se podría interrumpir el embarazo, el pleno agregó una cláusula que dice que “la ley regulará el ejercicio de estos derechos”, dejando la responsabilidad en manos del Congreso.
En Chile existe el derecho a abortar por tres causales: por inviabilidad del feto, peligro para la vida de la madre o en casos de violación.
Un tema controvertido es eliminación del estado de emergencia contemplada en la Constitución vigente y que implique el uso de las fuerzas armadas para enfrentar situaciones de grave alteración del orden público.
La mayoría de los izquierdistas convencionales rechazaron el uso del ejército que permite este régimen transitorio, por lo que lo eliminaron.
Boric fue una de las personas que se opuso al estado de excepción, hasta que una serie de incendios y ataques con armas de fuego en dos regiones del sur le obligaron a decretarlo a mediados de mayo, aunque limitó el papel de los militares al patrullaje de las principales vías.
Ataque de extremistas que se identifican como mapuches en un aeródromo donde quemaron cuatro aviones en el sur de Chile
Esto último ha significado que las fuerzas armadas no pueden limitar los derechos de reunión y movilización.
La nueva Constitución también elimina el Senado, que se convertirá en una especie de asamblea regional, alternativa que fue cuestionada por la senadora Isabel Allende, hija del expresidente socialista Salvador Allende.
sasantiago Agencia AP y Clarín