El Gobierno de la Ciudad de México presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el juez federal, Roberto Omar Paredes Gorostieta, por su participación en la liberación de Fabián Osvaldo «N«, alias «El cachorro«líder de la célula criminal»Ronda 88«y uno de los generadores de violencia más peligrosos en la capital.
En rueda de prensa, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, reveló que la denuncia fue presentada por el Departamento Jurídico y Servicios Jurídicos de la Ciudad de México para sancionar al responsable.
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«La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República, la denuncia está dirigida al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y está suscrita por Adrián Chávez Dozal, quien es el director general de Servicios Jurídicos del Departamento Jurídico y es el quien tiene representación legal para hacer este tipo de denuncias y acciones. (…) Lo que más buscamos es que haya justicia, básicamente lo que nos interesa es que los jueces federales no obstaculicen la acción de la justicia. (…) Este tipo de jueces en lugar de proteger a la sociedad lo que hacen es ponerla en peligro, esta gente no tiene vocación de justicia, no tiene por qué estar ahí, en estos cargos”, afirmó.
Fabián Osvaldo «N» tiene orden de aprehensión
Recordó que Fabián Osvaldo “N” cuenta con orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada, por lo que personal del Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Lo estaba esperando cuando salió del juzgado. Sin embargo, hay pruebas de que obtuvo ayuda para escapar y así evadir el arresto.
“Estos son los tres elementos que quiero resaltar: es un juez federal, es un juez federal que se llama Roberto Omar Paredes Gorostieta, contra quien presentamos la denuncia; El liberado es un peligroso generador de violencia buscado por las autoridades de la Ciudad de México; Y en tercer lugar quiero destacar que se le permitió salir por la puerta trasera y se le ayudó a transformar su imagen para no ser percibido en su fuga, prácticamente desde el juzgado se le ayudó a huir y evadir la acción de la justicia. .», indicó.
Por su parte, la Asesoría Jurídica y Servicios Jurídicos, Néstor Solano VargasReiteró que las sanciones que podría enfrentar el juez están establecidas en el Código Penal Federal y son de carácter privativo de libertad, además de sanciones económicas y destitución del cargo.
“En materia penal lo que se establece son sanciones de carácter privativo de la libertad, que como señalamos ayer, tiene una pena de prisión de 4 a 10 años; También se establecen sanciones económicas y también se ha conversado con la Procuraduría General de la República para presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal para que de inmediato lo suspendan, suspendan y, en su caso, sancionen. Obviamente esto es en el ámbito de las responsabilidades administrativas», concluyó.
DRV/TJM