Clouthier informó que la iniciativa -actualmente ante el Senado de Estados Unidos- violaría varias cláusulas antidiscriminatorias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Clouthier argumentó que el proyecto de ley discriminaría a posibles exportaciones de vehículos eléctricos fabricados en México y favorecería a los productores nacionales, algo que, según ella, está prohibido en el T-MEC (USMCA por sus siglas en inglés).
«Tomaríamos represalias comercialmente», dijo Clouthier, aparentemente refiriéndose a posibles aranceles. «Esta iniciativa es inconsistente con las obligaciones de Estados Unidos en el T-MEC y con los acuerdos de la OMC», agregó, refiriéndose a la Organización Mundial del Comercio.
La industria automotriz en México, compuesta principalmente por fabricantes de Estados Unidos, Europa y Asia, ha sufrido una escasez global de chips y las secuelas de la pandemia de coronavirus.
Clouthier consideró que la iniciativa que analiza el Senado de Estados Unidos podría costar empleos a México y «generar presiones migratorias adicionales».
Se espera que el proyecto de ley se someta a votación en el Senado a mediados de diciembre. La Casa Blanca dijo en un comunicado que «el crédito fiscal para vehículos eléctricos en el esquema reducirá el costo de un vehículo eléctrico fabricado en Estados Unidos con materiales y mano de obra estadounidenses en alrededor de $ 12,500 para una familia de clase media».
El asunto se convirtió en la fricción comercial más reciente entre los dos países. A Estados Unidos le preocupa que México esté tratando de favorecer sus centrales eléctricas de propiedad estatal.
En noviembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó que Estados Unidos tenía «serias preocupaciones» con respecto a los intentos del gobierno mexicano de restringir la competencia en el sector eléctrico.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propuso este año cambios constitucionales para restringir la participación en el mercado de las generadoras eléctricas privadas y favorecer a la eléctrica estatal de México.
En una carta a Salazar en octubre, unos 20 representantes y senadores de Texas dijeron que la propuesta de López Obrador «discriminaría a las empresas generadoras de electricidad de Estados Unidos».
La iniciativa que presentó López Obrador en octubre cancelaría los contratos por los que 34 plantas privadas venden electricidad al sistema nacional. El plan también prohibiría otras 239 plantas privadas que venden energía directamente a clientes corporativos en México. Casi todas estas plantas funcionan con fuentes de energía renovables o gas natural.
El proyecto también prevé la cancelación de muchos contratos a largo plazo para el suministro de energía y programas de compra preferencial de energías limpias, que afecta principalmente a empresas extranjeras.
La iniciativa deja a las termoeléctricas que utilizan gas natural casi al final de la línea, justo por delante de las termoeléctricas estatales que utilizan carbón, en el derecho de vender electricidad a la red, aunque generan energía a un costo 24% menor.
Las plantas termoeléctricas estatales que queman fuel oil sucio tendrían prioridad sobre las plantas eólicas y solares privadas.
El plan garantiza a la eléctrica estatal una participación de mercado de al menos el 54%, aunque el T-MEC prohíbe favorecer a las empresas locales o gubernamentales.