El gobierno de Javier Milei ha vuelto a poner en el centro de la escena la financiación universitaria con un proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente. Esta iniciativa, que pretende redefinir la fórmula de actualización de presupuestos y salarios, ha generado un fuerte rechazo por parte de los sindicatos docentes, quienes denuncian que se pretende imponer un aumento salarial del 12% en tres cuotas fáciles, con la última a cobrarse en noviembre.
El conflicto entre el gobierno y los sindicatos docentes tiene una larga historia. En 2024, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que fue parcialmente vetada por el presidente argumentando falta de especificación en el origen de los fondos. Ante la insistencia del Parlamento, el Ejecutivo cuestionó su aplicación y la falta de claridad en cuanto a la financiación.
Desde entonces, el conflicto se ha agudizado, con el Ejecutivo acumulando más de 50 días sin aplicar lo dispuesto en la normativa vigente. Ante esta situación, el nuevo proyecto de ley busca reformular el esquema aprobado el año pasado, buscando hacer compatible el apoyo al sistema universitario con el equilibrio fiscal, según afirma el Poder Ejecutivo.
Una de las principales modificaciones propuestas es la actualización salarial con aumentos graduales, estableciendo incrementos del 4,1% en marzo, julio y septiembre de 2026 sobre los básicos de diciembre de 2025. Además, se prevé la convocatoria obligatoria para reuniones conjuntas con una periodicidad no mayor a tres meses.
En cuanto a la fórmula de recomposición presupuestaria, el proyecto establece que se ajustará el presupuesto 2026 para universidades solo si la inflación observada supera la tasa anual esperada del 14,3% al momento de elaborar el proyecto de Presupuesto. Esto supone un cambio significativo respecto a la ley actual, que contempla actualizaciones automáticas basadas en el IPC.
Por último, el proyecto incluye un refuerzo para hospitales universitarios, con un aumento nominal específico de $8.072.460.000 destinado a la asistencia financiera de estos centros dentro del programa de Desarrollo de la Educación Superior.
En resumen, el proyecto de ley presentado por el gobierno de Javier Milei busca reformular la financiación universitaria, introduciendo cambios en la actualización de presupuestos y salarios, lo que ha generado polémica y rechazo por parte de los sindicatos docentes. El conflicto, que tiene una larga historia, sigue sin resolverse, y la propuesta oficial busca garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y del sistema universitario de salud.
