En esta noticia, el debate sobre las jubilaciones de privilegio vuelve a tomar protagonismo en el escenario político argentino. La revelación de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso ha puesto en evidencia el impacto millonario que representa para el Estado el mantenimiento de asignaciones diferenciales a ex funcionarios de distintos poderes.
En junio de 2024, el presidente Javier Milei sorprendió al país al renunciar a su cargo vitalicio que le correspondería al finalizar su mandato. Esta decisión, que fue aprobada por la Anses, fue acompañada por un fuerte mensaje de rechazo hacia las jubilaciones de privilegio en la política argentina. «Renuncié a mi retiro privilegiado bajo la convicción de que nadie merece un trato especial y mucho menos aquellos que han sido parte de la corrupción en nuestro país», expresó el mandatario.
A pesar de este gesto, la realidad de revertir estos beneficios no es sencilla desde el punto de vista jurídico. Actualmente, existen distintos regímenes especiales que amparan a expresidentes, exmagistrados, diplomáticos y autoridades eclesiásticas, protegidos por leyes específicas. Según el informe de la OPC, la derogación de estos regímenes podría significar un ahorro de 1.234 millones de dólares anuales.
La propuesta presentada por los aliados libertarios Eduardo Falcone y Oscar Zago busca eliminar las asignaciones vitalicias y reemplazarlas por beneficios del régimen general o PUAM. Sin embargo, la clave reside en el principio de irretroactividad, lo que implica que una nueva ley no puede eliminar derechos ya adquiridos bajo un régimen anterior. Esto plantea un desafío legal para el Congreso, que busca una transición voluntaria para los actuales beneficiarios.
En cuanto a los casos emblemáticos, figuras como Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou han dejado de percibir sus beneficios después de sentencias judiciales firmes en su contra. Por otro lado, la lista de beneficiarios especiales incluye a cuatro ex presidentes, tres ex vicepresidentes y cuatro familiares, quienes recaudan cerca de 12 millones de pesos en mano.
A nivel provincial, algunas jurisdicciones han avanzado en la eliminación de los regímenes de jubilaciones privilegiadas. En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa ha destacado la importancia de dar el ejemplo al ser la primera provincia en eliminar estos beneficios para la clase política. En la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal, también se derogaron por ley los beneficios privilegiados para los políticos.
El debate sobre las jubilaciones de privilegio continúa siendo un tema de relevancia en la agenda política argentina, con propuestas de reformas y la necesidad de garantizar una transición justa y equitativa para los actuales beneficiarios.
