Hace diez años, un informe de la CEPAL advirtió que la mayoría de los conflictos sociales y ambientales en América Latina estaban vinculados actividad minera. Esta consideración sigue vigente en la Argentina de hoy.
Hay varias críticas de quienes se oponen a la minería: además de los diversos impactos ambientales, se argumenta que la actividad expulsar a la población local, excluye a sus habitantes de los mismos recursos materiales cuyo uso está garantizado a las empresas transnacionales, genera pocos empleos directos con mano de obra contratada extraprovincial, hay poca contribución tributaria al erario público, altos índices de pobreza estructural y falta de infraestructura y servicios básicos que la población persista aun con los proyectos en marcha y que nos resignamos a ser meros exportadores primarios, relegando el valor agregado de nuestros minerales.
La discrepancia entre desarrollo y protección ambiental genera un debate polarizado que debe ser canalizado. No es atacando a un presidente -como sucedió hace unos días en Chubut- que debemos resolver nuestras diferencias.
Los paradigmas han cambiado, la política debe centrarse en la creación de consenso. Los amplios debates deben estar impulsados por el fomento del diálogo, basado en la ciencia y no en la retórica, que privilegia los intereses de la sociedad. Debates en los que todos deberían participar: expertos -de ambos lados de la biblioteca-, empresarios, tomadores de decisiones políticas y, en especial, ciudadanía. Se debe redefinir la sostenibilidad, implementando un proceso de planificación ambiental participativo para el territorio que permita a todos decidir qué se hará, por qué, dónde y cómo.
Hay que discutir “bien” el modelo actual: calidad de vida, uso racional de los recursos, costos ambientales y sociales, empleo e inclusión, futuro de las comunidades locales, regionalización y ordenamiento ambiental del territorio.
Además, si los límites políticos son los que limitan las actividades, ¿deberían los montañeses decidir qué tipo de desarrollo tendrán los que viven en el altiplano de Chubut? Hay varias cuestiones a considerar: métodos de extracción, legislación vigente, regalías, beneficios fiscales, seguridad jurídica, reglas de juego predecibles …
Si es posible hacer cumplir las leyes cuando el Estado es el socio principal de una empresa, cuál es la rentabilidad real del negocio; si los recursos naturales son productos básicos que deben extraerse a cualquier costo; si “neoextracción de megamineración” es la forma correcta de llamarlo minería o si se invoca con alguna carga ideológica; definitivamente, si es posible la minería sostenible.
La sostenibilidad no se trata solo de la gestión medioambiental. Se refiere a los aspectos ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo, que requieren un equilibrio entre estas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Integrar la sostenibilidad en las políticas públicas y estrategias empresariales alineándolas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya no es una opción, sino una obligación.
El medio ambiente es un sector estratégico para integrarse con el mundo y apalancar el desarrollo social y económico de Argentina. La minería es indispensable. Discutir y resolver cómo lo haremos definir qué tipo de país queremos.
El autor de esta columna es el exdirector general de la Comisión de Ecología de la Legislatura porteña.
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