El gobierno de Daniel Ortega trata a los opositores políticos como «enemigos» y viola sus derechos más básicos, según una investigación divulgada el viernes (28.04.2023) por el Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca Más», que documentó 40 formas de tortura contra 158 personas detenidas desde las protestas de 2018, 113 de las cuales fueron víctimas de violencia sexual por parte de funcionarios penitenciarios y altos mandos policiales.
El documento, presentado en Costa Rica por Juan Carlos Arce, abogado de esa ONG con sede en San José, fue elaborado a partir de la recopilación de testimonios de víctimas y familiares de presos durante dos años. También incluye fotografías, videos, denuncias públicas y registros judiciales.
“Desde abril de 2018 a la fecha se ha instaurado un sistema de terror de Estado y una política de detenciones arbitrarias y torturas contra personas consideradas ‘oposicionistas’ y tratadas como enemigas y sin derechos”, denunció el Colectivo, fundado en Costa Rica por humanos nicaragüenses. defensores de los derechos humanos obligados a exiliarse.
Según la investigación, de las 158 víctimas de tortura, 153 participaron en las protestas de 2018 y 123 fueron amenazadas, sitiadas o hostigadas antes de su detención. Hay 130 hombres -incluidos dos menores de edad- y 28 mujeres de 14 de los 16 departamentos del país.
El informe documenta 40 tipos de tortura, entre las que destaca la violencia sexual que se perpetró contra 113 de los 158 detenidos incluidos en la investigación. Siete de las 28 mujeres fueron víctimas de violación y el resto de otro tipo de maltrato. En el caso de los hombres, el documento registra dos casos de violación y 88 de abuso sexual.
Según el texto, otras torturas aplicadas a los presos políticos son: condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, amenazas de muerte, desaparición forzada temporal, quemaduras, descargas eléctricas, ahorcamiento, simulacro de ejecución o asesinato y desprendimiento de clavos.
También se menciona la privación del sueño y del sol, la disminución de la ingesta de agua y alimentos, la privación del contacto con los miembros de la familia y la negación de atención médica.
La aplicación de la tortura en Nicaragua también fue documentada por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas (GHREN), que en un informe difundido en marzo denunció al gobierno de Ortega por “crímenes de lesa humanidad”.
El informe del Colectivo también identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales progubernamentales, quienes actuaron “de manera coordinada” para reprimir y capturar a civiles manifestantes.
El documento también identifica a los responsables de la tortura, ya que revela «158 nombres de los perpetradores, incluidos altos mandos de la policía y del sistema penitenciario», dijo Arce.
“El informe deja en claro que estamos ante un Estado que practica la tortura de manera sistemática y generalizada, ya que no hubo un solo lugar en Nicaragua sin víctimas”, dijo el jurista.
El gobierno de Ortega rechaza todas las denuncias y alega que la rebelión social de 2018 fue un «golpe fallido» financiado por Estados Unidos y países europeos.
gs (ap, efe, Radio Darío, Intertextual)