La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, suspendió «de por vida» este martes (09.05.2023) a la abogada defensora de decenas de presos políticos, Yonarqui Martínez García, y le ordenó entregar sus títulos y protocolos en 24 horas, «bajo pena de ley, si no lo hiciere».
Es la primera vez que la Corte Suprema suspende de por vida a un abogado del ejercicio de sus funciones, desde que estallaron las protestas sociales contra el gobierno en abril de 2018.
“Se sanciona a doña Yonarqui de los Ángeles Martínez García con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de Abogado y Escribano, a partir de la notificación de la presente sentencia”, se lee en la resolución emitida este martes por la Corte Suprema.
Los magistrados judiciales también declararon «nulo» el título de abogado y notario público registrado ante ese tribunal. También le ordenaron presentar al Secretario del Juzgado, dentro de las 24 horas, bajo pena de ley, si no lo hiciera, sus títulos, así como los protocolos.
Martínez, quien desde abril de 2018 es conocida en Nicaragua como “la abogada de los presos políticos” por defender gratuitamente a decenas de opositores acusados de terrorismo y otros delitos, confirmó que fue suspendida de por vida y que la sentencia es inapelable.
Dijo sentirse decepcionada, deprimida, triste y preocupada por su integridad y la de su familia.
El abogado fue una de las voces que denunció el allanamiento nocturno ocurrido el 3 de mayo, en el que al menos 57 nicaragüenses, en su mayoría opositores y críticos del gobierno de Daniel Ortega, fueron detenidos y acusados de delitos considerados “traición a la Patria”.
Luego denunció las irregularidades de esas detenciones, como que se realizaron sin orden judicial y fuera de horario, que realizaron audiencias expresas en jurisdicciones donde no se habían realizado las detenciones, sin abogados defensores de su elección y de madrugada.
Martínez, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sufrido detenciones temporales, hostigamiento e intimidación policial en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, según organizaciones humanitarias.
En una resolución del 2 de diciembre de 2020, la CIDH advirtió que Martínez y su familia “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”, que sufrió un intento de asesinato el 5 de noviembre de ese año que no fue investigado por las autoridades. , así como “amenazas de muerte a través de mensajes de texto, en los que mostraban imágenes de mujeres asesinadas violentamente”.
Nicaragua atraviesa una crisis que estalló tras la revuelta de abril de 2018 y se agravó tras las polémicas elecciones del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato (cuarto consecutivo) con sus principales contendientes en prisión o en prisión. exilio.
gs (efe, La Prensa, Confidencial, Artículo 66)