El 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, hubo un rojo amanecer. A las 3:20 AM en la calle Juan N. Álvarez, localizada a unos metros de la plazuela principal de Iguala, la lluvia revuelta con sangre y coágulos corría en riachuelos por las grietas del asfalto que se tragaban el líquido rojo como monstruos insaciables. Era la escena de uno de los crímenes más infames en la historia reciente de México.
Ahí, a mitad de la calle, casi esquina con Periférico, yacían boca abajo mojados e inertes los cuerpos de los estudiantes Daniel Solís y Julio César Ramírez, quienes formaban parte del grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que esa noche fue blanco de al menos cinco ataques armados. El espejo de agua reflejaba sus rostros sin vida.
Daniel tenía apenas 18 años. Originario del puerto de Zihuatanejo, tenía pocos días de haber entrado a la escuela: era de los estudiantes de nuevo ingreso. Vestía una sudadera roja, pantalones azul marino, y llevaba puestos unos huaraches de correa en color café, como casi todos los estudiantes de esa escuela rural. Una bala penetró por el lado derecho de su espalda y lo atravesó por completo hasta salir por el lado izquierdo del tórax, según quedó asentado en el documento de la necropsia.
Julio César de 23 años, era oriundo de Tixtla y también formaba parte de la clase de nuevo ingreso. Llevaba puestos una sudadera color verde, pantalón azul y zapatos negros. Otro infame proyectil disparado a quemarropa entró por el lado izquierdo de su joven rostro y salió por la parte posterior de su cuello.
Alrededor de los dos cuerpos quedaron regados los rastros de la cacería humana que se había perpetrado durante más de seis horas contra los jóvenes normalistas. Había huaraches similares a los de Daniel tirados por doquier, sus dueños desparecieron para siempre. Pedazos de dedo quedaron en el pavimento, y la pared de una de las casas ubicada a un costado estaba salpicada de sangre.
En fila quedaron abandonados tres autobuses en los que viajaban al menos 60 estudiantes de Ayotzinapa. El camión de adelante era un Costa Line número 2012 con una ventana rota por los disparos. En medio quedó el Costa Line número 2510 con el vidrio trasero estrellado. Y atrás de todo estaba el autobús Estrella de Oro número 1568 en el que estaba concentrados la mayor parte de los disparos, y del que desaparecieron para siempre todos sus tripulantes, excepto el chofer y el estudiante Fernando Marín.
Nunca hubo disparos del interior de los camiones hacia afuera. Para defenderse de la perversa fuerza de criminales y autoridades federales y locales que unidos los atacaron con armas de alto poder, los jóvenes de Ayotzinapa solo contaban con piedras, las cuales quedaron regadas dentro del camión 1568 junto a charcos de sangre. Aquella noche los estudiantes no tenían ninguna posibilidad de escapar, eran David con una resortera ante un tramposo Goliat que para derrotarlos usó toda la fuerza del Estado.
La periodista mexicana Anabel Hernández.
Esta escena la pude reconstruir puntualmente durante mi viaje a Iguala, días después de ocurridos los hechos del 26 de septiembre de 2014, gracias a testigos directos, documentos periciales y fotografías forenses. Desde entonces he publicado diversos reportajes sobre los resultados de mi investigación y en 2016, el libro «La Verdadera Noche de Iguala”, de la editorial Penguin Random House.
Mientras David y Julio César yacían sin vida en la calle bajo la lluvia, 43 de sus compañeros eran desaparecidos gracias a la coordinación del crimen organizado y las autoridades. Fueron golpeados, vejados, fotografiados y videograbados durante la operación de su desaparición. Durante los siguientes días, la misma operación de Estado que aniquiló a los muchachos actuó para que la verdad nunca se conociera, desviaron la investigación, retorciendo los hechos para desaparecer a los normalistas una segunda vez y para que sus padres no pudieran encontrarlos nunca.
La imagen de la escena de ese crimen quedó en mí grabada para siempre. Me conmueve, me sacude, me indigna cada vez que la repaso, y ha sido una de las razones por las cuales durante ocho años he investigado incesantemente ese crimen.
El 18 de agosto pasado, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que preside el subsecretario Alejandro Encinas presentó su informe en el que confirma lo que he investigados y publicado: fue un crimen de Estado en el que participó el crimen organizado y autoridades municipales, estatales, pero sobre todo miembros del Ejército, la entonces Procuraduría General de la República y la Policía Federal.
Hoy, a través de estas primeras líneas, quisiera llevar al lector a la escena de ese crimen de Estado. A que pudieran ver, a través de las palabras, y entender la magnitud de la infamia, el dolor y la fuerza bruta del crimen organizado y el Estado contra jóvenes. Solo así se puede medir el grado de criminalidad de quienes participaron en los hechos.
Hoy varios de los funcionarios señalados en mi investigación implicados en el caso de Ayotzinapa están en prisión. El de mayor rango hasta ahora es el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien fue detenido el 19 de agosto pasado en la Ciudad de México, acusado de tortura y desaparición forzada, y ahora duerme en una prisión.
Faltan mucho otros, pero por el contenido del informe de la Comisión de la Verdad todo indica que al menos Encinas y los integrantes del grupo tienen la intención de llegar hasta el fondo. Y aunque el 18 de septiembre el subsecretario dijo que el expresidente Enrique Peña Nieto no es indiciado hasta ahora en el caso, es evidente que no se podrá hablar de una completa verdad ni una completa justicia si los sospechosos no son profundamente investigados, interrogados y procesados por su encubrimiento, que fue parte esencial de la doble desaparición de los 43.
Omar García Harfuch en la noche de Iguala
«¡Ya se van los policías (municipales), se quedan los federales y nos van a querer fastidiar!”, se escucha la voz desesperada de un estudiante en un video grabado la noche del 26 de septiembre de 2014, durante los ataques armados en la calle Juan N. Alvarez. El video me fue entregado por los propios normalistas durante mi investigación y fue uno de los principales elementos de prueba que me ayudaron a desmantelar la falsa versión oficial.
Estudiantes sobrevivientes y vecinos de esa vialidad me afirmaron que la Policía Federal actuó en el ataque perpetrado en Juan N. Alvarez, y en el ataque perpetrado contra el autobús Estrella de Oro 1531, ocurrido frente al Palacio de Justicia, así como en la desaparición de los normalistas.
El jefe de la base de la PF en Iguala era Luis Antonio Dorantes, y envió a sus elementos a las calles esa noche. Señalé su nombre desde mis primeros reportajes publicados en 2014, y finalmente fue arrestado en enero de 2021.
Pero Dorantes no se mandaba solo, tenía un mando superior al que rendía cuentas y presentaba constantes informes, incluyendo lo ocurrido esa noche en Iguala: su jefe era Omar García Harfuch (OGH), actual secretario de Seguridad Ciudadana.
Durante los dos últimos años, en este espacio he dado a conocer el historial de irregularidades en la carrera policiaca de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como información precisa que lo involucra en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahora, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa y la Fiscalía General de la República (FGR) confirman su responsabilidad en el caso de los 43. Pese a eso, inexplicablemente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo ha protegido y lo ha mantenido en su cargo.
Finalmente, la Comisión de la Verdad y la FGR confirman su responsabilidad en el caso de los 43. Han podido confirmar que García Harfuch fue parte del grupo del gobierno federal que ayudó a fraguar la falsa «verdad histórica” creada a base de torturas y siembra de pruebas.
En el informe de la Comisión y en la audiencia judicial llevada a cabo el 20 de agosto, tras la detención de Murillo Karam, la FGR afirmó que el 7 de octubre de 2014 García Harfuch participó en una reunión llevada a cabo en Iguala, encabezada por el entonces procurador y por Tomás Zeron, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) entre otros.
Previo a esa acusación formal, a raíz de mis artículos, García Harfuch ha dicho, en entrevistas dadas a medios de comunicación, que él ya no estaba en Iguala cuando ocurrieron los hechos y que no tenía ninguna injerencia o mando en la PF en Guerrero.
El funcionario miente, y eso lo prueban documentos firmados por él mismo y los oficios que Dorantes le envió antes, durante y después del 26 de septiembre de 2014. Para no obstruir más a la Justicia y por la salvaguarda de la población de la Ciudad de México, García Harfuch debe ser removido de su cargo. En ello no solo se juega Sheinbaum la candidatura presidencial, sino la vida y la seguridad de los ciudadanos.
García Harfuch y sus contactos con el crimen organizado
Omar García Harfuch aspira a llegar a ser secretario de Seguridad Pública Federal si Sheinbaum llega a la Presidencia, e incluso sueña con llegar a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Para ello ha emprendido una intensa campaña en medios de comunicación.
El caso Ayotzinapa no es el primero en que este policía engaña a los ciudadanos, y no es la primera vez que está involucrado en irregularidades. De hecho, su carrera de policía nació torcida. Hay documentos que prueban sus autoimplicaciones con el crimen organizado, acciones ilegales y abuso de autoridad. No se puede entender la acusación hecha por la Comisión de la Verdad y la Fiscalía contra García Harfuch si no se entiende su negro historial.
A los 26 años de edad y con apenas la preparatoria terminada, entró a la PF con la ayuda y protección del jefe policiaco Luis Cárdenas Palomino, brazo del entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, ambos acusados en Estados Unidos de operaciones de narcotráfico y complicidad con el Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, desde 2001, hasta al menos 2019. Cuando García Harfuch entro a la cofradía policiaca, ya estaban sus integrantes involucrados en el crimen organizado.
Aunque tenía el cargo de suboficial, García Harfuch en realidad fungía como una especie de «valet” de Cárdenas Palomino, le cargaba el portafolio, lo llevaba a limpiar los zapatos y su ropa sucia a la lavandería afirman compañeros suyos que lo vieron. Su actitud servil y su obediencia lo ayudó a tener diversas promociones fuera de norma, todas ellas firmadas por Cárdenas Palomino según los documentos en mi poder.
Desde el inicio, Omar García Harfuch era un policía nocivo. En los exámenes de confianza que por ley le fueron aplicados salió reprobado, según el expediente UAI/DGII/5518/12 de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la PF, del cual tengo copia y publiqué desde 2020 en el portal de noticias Aristegui Noticias. Los exámenes los reprobó en 2009, 2011 y 2012.
Como parte del examen de confianza fue sometido por lo menos en tres ocasiones al examen del polígrafo, mejor conocido como detector de mentiras. En diferentes ocasiones, a la pregunta: «¿Mantienes compromisos con la delincuencia organizada?”, García Harfuch registró «reacciones significativas de falta de veracidad”, según quedó asentado en los informes correspondientes.
Según el expediente de la UAI, García Harfuch reconoció que tenía contactos con integrantes de la delincuencia,quienes según dijo le proporcionaban información. Justificó que no los arrestaba «al no existir flagrancia”.
El documento afirma que OGH tiene un rendimiento intelectual «ubicado en el rango ‘inferior al término medio’”. Se le acusó de realizar constantemente cateos sin orden judicial con el conocimiento de sus superiores –es decir, Cárdenas Palomino–; cometía abusos en las detenciones, y presentaba ineptitud e ineficacia en su gestión como suboficial.
Debido a todas estas anomalías, la UAI determinó que debía iniciarse en contra de García Harfuch un proceso administrativo por no cumplir con el requisito de aprobar los procesos de control de confianza para permanecer en la institución. Es decir, debía ser expulsado de la corporación. Pero Cárdenas Palomino lo protegió y lo comenzó a enviar a plazas controladas por grupos criminales con los que Cárdenas Palomino tenía complicidad.
De finales del 2011 hasta 2012, Cárdenas Palomino le asignó a García Harfuchuna comisión «confidencial” en Guerrero. En ese tiempo, el territorio estaba bajo el control del Cártel de los Beltrán Leyva y el Cartel de Sinaloa, las dos organizaciones criminales a las que Cárdenas Palomino servía a cambio de sobornos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En febrero de 2013 García Harfuch fue nombrado coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero, cargo que ocupó oficialmente, con todas las responsabilidades de mando y jurídicas que ello implica, hasta al menos el 28 de septiembre de 2014.
Fue en ese período, cuando era titular de la PF en Guerrero, que miembros de la corporación bajo su mando establecieron relaciones de complicidad con grupos criminales en Guerrero, y esto es parte del contexto esencial para comprender lo ocurrido aquella noche en Iguala, y la participación activa de los policías bajo el mando de García Harfuch.
Además de las acusaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y la FGR, hay una dependencia del Gobierno federal que abrió una carpeta de investigación en su contra en 2020 por sus presuntos nexos con grupos de crimen organizado en Guerrero. Pero de eso hablaré en la segunda parte de esta columna en la que presentaré diversos documentos en mi poder, incluyendo oficios firmados por el propio García Harfuch.
Los cuerpos de David y Julio, la calle Juan N. Alvarez, los pedazos de dedo, las paredes salpicadas de sangre, los camiones balaceados y el grito «Ya se fueron los policías (municipales) se quedan los federales…”, no son fantasmas, no son pasado, son presente. Son un grito que reclama justicia.