Entre otros problemas estructurales, citó el «gran rezago», la corrupción «que incide en una profunda desconfianza en la administración de justicia» y el hacinamiento en las cárceles, que ronda el 349%.
Áñez, de 54 años y detenida desde hace 15 meses, fue condenada el 11 de junio a 10 años de prisión por presunto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución por la sesión legislativa en la que fue proclamada presidenta en su calidad de vicepresidenta del Senado.
El Ejecutivo se había quedado sin cabeza tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras las elecciones de noviembre de 2019 en las que buscaba su cuarto mandato y que fueron identificadas como fraudulentas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al menos 37 personas murieron en los dos meses de protestas que siguieron a la crisis política.
La exmandataria enfrenta otros procesos, entre ellos por la muerte de 20 seguidores de Morales. El expresidente es el líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y ha sido señalado por la oposición por su supuesta injerencia en la justicia. Morales ha negado las acusaciones, pero los juicios en su contra por instigación a la violencia en las protestas y abuso sexual a menores se cerraron tras la toma del poder del delfín de Evo Morales, Luis Arce.
“Las víctimas de violencia de género y violaciones de derechos humanos producidas en el contexto de la crisis política de 2019 siguen esperando justicia”, remarcó la Relatora.
En su informe al Consejo de Derechos Humanos, García-Sayán llamó a los actores políticos a impulsar una reforma de la justicia boliviana. La Unión Europea también se comprometió a apoyar estos esfuerzos, que hasta ahora no han prosperado debido a la fuerte polarización política en el país andino.
Desde La Paz y a través de una videoconferencia, el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió en la sesión que el gobierno boliviano está comprometido a transformar la justicia con el «escrutinio de la comunidad internacional» y que las recomendaciones de la Relatora «ya han recibido respuesta con acciones concretas”, según él.