Ir al supermercado a hacer la compra está resultando cada vez más angustioso para los españoles, aunque aún están a años luz del desgarrador entrenamiento de quienes se enfrentan a la canasta familiar en Argentina.
En el último año, el precio de los alimentos aumentó en España un 16,5 por ciento.
Y pese a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dejó en marzo una tasa de inflación interanual del 3,3 por ciento, la inflación subyacente -que no incluye energía ni alimentos frescos- se sitúa en el 7,5 por ciento, según anunció este viernes el Instituto Nacional de Estadística de España (INE).
Para tratar de frenar esta inflación de productos básicos, que sufren los españoles en los niveles más altos de los últimos treinta añosy para que los sindicatos puedan negociar aumentos salariales para los trabajadores en mejores condiciones, el Gobierno de coalición PSOE-Podemos cedió a la demanda sindical y anunció la creación de un Observatorio de Márgenes Empresariales a través del cual se podrá monitorizar cuánto ganan las empresas españolas.
Así lo ha anunciado la Vicepresidenta Primera y Ministra de Economía, Nadia Calviño: “El observatorio institucionalizará y dará continuidad al trabajo de análisis que viene realizando el Banco de España y que utilizará datos y estadísticas del Banco de España, del Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyas conclusiones se harán públicas cada tres meses”.
El presidente Pedro Sánchez consideró bueno «incorporar la transparencia al proceso de negociación colectiva conociendo la evolución de los márgenes empresariales».
Y apoyó la iniciativa, que No fue de su gobierno sino de los sindicatos Llevan semanas pidiendo poder negociar propuestas salariales para los trabajadores españoles acordes con la inflación y los beneficios de la empresa.
consultado por ClarínEl Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que agrupa a empresas de ambos lados del Atlántico, prefirió no hacer declaraciones sobre la creación del observatorio.
La respuesta del sector empresarial
¿Quién pensó que era antonio garamendipresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), equivalente a la UIA argentina.
Garamendi no ocultó su preocupación: «Si de lo que estamos hablando es más intervencionismono compartiremos el tema”.
“Porque cómo se miden (los beneficios empresariales), de qué manera, Quién va a hacerlo. Si lo que estamos entrando en una política intervencionista respecto a lo que es el trabajo de una empresa, explícanoslo”, dijo Garamendi.
“Honestamente, creo que las empresas también tienen que ganar dinero en este momento”, agregó.
José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) reconoce que «Los márgenes comerciales son muy difíciles de medir».
Pero, según él, la creación del Observatorio de los Márgenes Empresariales debe considerarse «como una herramienta de trabajo para mejorar el funcionamiento de la economía española y no como un mecanismo de control o intervencionismo”.
“También hay que analizar la productividad”, agregó. Hay que crear una institución para controlar la productividad española. Si lo hacemos bien, esto puede convertirse en una herramienta muy útil. Para la patronal y los sindicatos, porque son ellos los que están negociando constantemente”.
“Y un observatorio de esta naturaleza también va a ser útil porque podría ayudar a identificar si en algún sector este aumento de beneficios se está estableciendo por falta de competencia. Creo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también debería estar representada en el observatorio”, propuso.
¿Gobierno “intervencionista”? El caso Ferrovial
«Intervencionista» Es el adjetivo que está recibiendo estos días el Gobierno de Sánchez.
Y no sólo por las declaraciones de Garamendi, la voz de la empresa española, sobre el futuro Observatorio de los Márgenes Empresariales.
También por la tenaz y pública oposición que la coalición de gobierno PSOE-Podemos vocifera desde hace más de un mes contra Salida de Ferrovial de Españaempresa de referencia en infraestructuras viarias y aeroportuarias que anuncia el traslado de su sede a Holanda.
La empresa, fundada en España a mediados de los años 50 del siglo pasado, argumentó que el traslado de su sede se debió a razones competitivas: establecerse en los mercados internacionales -y poder cotizar en Wall Street-, tener mayor capitalización y visibilidad.
Por cierta torpeza en la forma en que Ferrovial anunció que se iba de España, se coló que lo hacían por inseguridad jurídica.
Pero enseguida corrigieron su discurso y hablaron de fusión y absorción dentro de la compañía que tiene presencia en varios países: «Ferrovial, como tal, no se va de España, lo que se está moviendo es el jefe del grupode la matriz”, aseguraron.
“En España seguirá prácticamente igual que hasta ahora, vamos a mantener el empleo, los proyectos, las inversiones, la cotización en el Ibex 35, etc.”, insistieron.
“La patria no es sólo para hacer patrimonio, es ser solidario y colaborar”, dijo el presidente Pedro Sánchez.
Desde la izquierda reclaman a la empresa, que se adjudicó un lote de obras públicas, que devolver la ayuda que recibió del Estado durante la pandemia.
Y aunque el Gobierno insistió en que si los motivos del traspaso fueron fiscales y no económicos, Ferrovial deberá pagar por ello, los accionistas de la compañía, reunidos en su junta general, aprobaron el cambio de sede el jueves.
“En cualquier caso, será la Agencia Tributaria la que tendrá la última palabra y determinará si la operación de reestructuración y cambio de sede responde o no a una razón económica válida”, aseguran todavía desde el Gobierno.
Madrid. Corresponsal
ap