Pasos hacia un sistema de seguridad social universal en México

Tradicionalmente, la seguridad social ha estado anclada a la afiliación laboral. Lo lógico era que para acceder a estos derechos fuera necesario estar inscrito en un determinado régimen laboral. Este vínculo permitió un esquema en el que el trabajador, el empleador y el Estado contribuyeron al financiamiento del sistema. Sin embargo, en las últimas décadas este esquema ha sido cuestionado por otro modelo que aboga por el acceso universal a la seguridad social.

Este desplazamiento tiene muchos factores. Por ejemplo, al ser considerada la seguridad social como un derecho humano, es decir, como un derecho inherente a la dignidad humana, inmediatamente se puso en tela de juicio su circunscripción a un tipo de trabajo. Cualquier condicionamiento a este derecho implicaría su vulneración. En la práctica, el cumplimiento de este derecho humano debería conducir a una reformulación total de los actuales sistemas de seguridad.

Otro factor tiene que ver con la propia realidad del trabajo. Si a lo largo del siglo XX las expectativas sociales estaban puestas en la expansión del empleo formal, la realidad actual nos dice lo contrario. La cartografía del trabajo nos muestra una pluralidad de formas que van más allá del empleo formal. Solo en nuestro país, casi el 60% del trabajo pasa por un circuito diferente. Esto ha significado la exclusión de millones de mexicanos y mexicanas del sistema de seguridad social.

El 31 de agosto se publicó el decreto que crea el organismo público desconcentrado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar). La medida se suma a la modificación en el Sistema de Ahorro para el Retiro. En ambos casos, se intenta dar solución a las dificultades que tiene gran parte de nuestra población para acceder a derechos vinculados a la seguridad social como la salud y la jubilación.

En el caso del IMSS-Bienestar, la reforma abre la institución a todos los ciudadanos que requieran atención sin importar su forma de trabajo. La modificación que rebaja el acceso a la jubilación de 1.250 a 750 semanas es un reconocimiento tácito de la deuda que tiene el Estado con millones de trabajadores precarios. Actualmente, solo el 30% de las mujeres y el 50% de los hombres que tienen una cuenta de jubilación tienen acceso a una pensión.

Con estas medidas asistimos a los primeros trazos de un nuevo sistema de seguridad social, que debería incluir otros derechos obligatorios, como la vivienda. Es imprescindible repensar tanto la estructura de financiación como las capacidades estatales que hacen sostenible este nuevo sistema, pero sin duda son pasos firmes hacia un nuevo Estado Social capaz de garantizar el bienestar de toda su población.

POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
@ADRIANVR7

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