Pensiones de privilegio en los estados

Pensiones de oro. Pensiones VIP. pensiones fífi. pensiones de lujo… son las pensiones que se otorgan y cobran en los estados, desde hace mucho tiempo, a ex trabajadores de la élite política de cada estado, y que representan un obstáculo adicional para la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social en el país. país.

Estamos hablando de exgobernadores, exmagistrados, exsenadores y diputados, exalcaldes -incluso de importantes ciudades capitales y metropolitanas-, exsecretarios de gabinetes de estado, exsíndicos y regidores, exjueces, y todo tipo de exfuncionarios que durante décadas ocupaban puestos de primer nivel a nivel estatal, los cuales en su gran mayoría se destacan por haber sido mimados por el erario público, y gozar de un modo de vida claramente perteneciente al décimo decil de ingreso.

Por si fuera poco, estos privilegiados de las burocracias del pasado pretenden seguir beneficiándose de los contribuyentes, recibiendo pensiones y jubilaciones que van desde los 100.000 a los 208.000 pesos mensuales.

Lo anterior, en clara contradicción con la política federal que ha eliminado las pensiones vitalicias de los expresidentes, a través de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos; y en oposición al mandato del artículo 127, fracción II, de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede recibir remuneración superior a la del Presidente; En ese sentido, ¿cómo es posible que tantos exfuncionarios públicos reciban una pensión muy superior al salario del Presidente? Sobre todo teniendo en cuenta que la pensión es un tema directamente relacionado con el salario.

Recientemente, algunas entidades han intentado poner freno a estas pensiones de lujo. En Jalisco, por ejemplo, en septiembre de 2021 se aprobó una reforma para establecer un tope a las pensiones, fijándola en un máximo de 39 UMAS, lo que equivale a 104 mil pesos mensuales. Lamentablemente, más de 20 juicios de amparo han sido tramitados por los “afectados”, y algunos de ellos ya han sido suspendidos alegando el principio de irretroactividad.

De igual forma, en Nayarit, la actual administración ha enviado una iniciativa a su congreso para evitar que exmagistrados y exfuncionarios públicos reciban pensiones injustificadas, dado que no se puede seguir favoreciendo a las minorías en detrimento de las mayorías.

Sonora es otra entidad que se enfrenta a este panorama injusto, con pensiones VIP que el ISSSTESON tiene que pagar a un grupo reducido de ex trabajadores, y que a pesar de ser tan pocos, representan más del 25% del total de recursos que se destinan a este concepto, lo que también amenaza la viabilidad de su sistema estatal.

En una próxima entrega, estaremos abordando algunas posibles soluciones para resolver en profundidad este grave problema, que representa miles de millones de pesos para todas las instituciones estatales de seguridad social.

POR JESÚS ÁNGEL DUARTE

@duarte_tellez

MAAZ

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