En esta noticia se revela un cambio crucial introducido por el Gobierno en la reforma laboral que ha generado controversia y debate en el ámbito fiscal. La actualización de pérdidas fiscales a partir del 1 de enero de 2025 ha sido el centro de atención y ha generado opiniones encontradas entre expertos y autoridades.
El Gobierno, bajo la administración del presidente Javier Milei, busca avanzar en la aprobación de la «Ley de Modernización Laboral», la cual ha recibido apoyo en el Senado y se espera sea debatida nuevamente en febrero. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos ha sido la modificación del artículo 186 relacionado con la actualización de pérdidas fiscales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las pérdidas fiscales, que se generan cuando los gastos de una empresa superan sus ingresos gravados, son una realidad para muchos negocios en Argentina. La posibilidad de compensar estas pérdidas con ganancias futuras es crucial para reducir la carga fiscal y mantener la viabilidad financiera de las empresas.
El cambio propuesto por el Gobierno en la actualización de pérdidas fiscales ha generado un debate intenso, especialmente en lo que respecta a las empresas que hayan generado pérdidas antes del 1 de enero de 2025. Expertos como Alberto Mastandrea y Francisco Pugliese han señalado que este cambio podría generar desigualdades fiscales y mantener litigios heredados.
A pesar de las posibles ventajas de reducir los litigios futuros, el cambio propuesto no resuelve el conflicto de fondo y podría desplazar la discusión hacia instancias judiciales. El proyecto de ley, si es aprobado, podría generar pérdidas en los ingresos del Estado y dejar a algunas empresas en una situación de desventaja.
En resumen, la actualización de pérdidas fiscales propuesta por el Gobierno en la reforma laboral ha generado un debate intenso y ha dejado en evidencia la complejidad de la legislación tributaria en Argentina. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la actualización de las pérdidas y la equidad fiscal para garantizar la sostenibilidad económica de las empresas y el país en su conjunto.
