La propuesta bipartidista es impulsada por el republicano Marco Rubio, y firmada por su correligionario Bill Cassidy y los demócratas Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Ben Cardin.
Los senadores indicaron que según la ONG independiente Justicia 11J, el gobierno cubano arrestó a 45 menores de entre 14 y 17 años por supuestos «delitos» durante las manifestaciones de julio. De estos, 14 permanecen detenidos en espera de juicio.
“El régimen cubano es prolífico en el uso de la detención arbitraria como herramienta de represión”, afirmaron.
“Creemos que la situación en Cuba merece toda la atención y condena de la comunidad internacional”, agregaron los senadores, quienes pidieron a Unicef que “interceda por estos menores y sus familias, que simplemente buscan la justicia y el respeto a los derechos humanos fundamentales”.
Las manifestaciones del 11 y 12 de julio en cerca de 50 ciudades cubanas, al grito de «Patria y vida», «Tenemos hambre» y «Libertad», dejaron un muerto, decenas de heridos y mil 377 detenidos, de los cuales más de 727 siguen en prisión. según la organización de derechos humanos con sede en Miami Cubalex.
Esta petición viene a apoyar una campaña de sensibilización gestada desde el exilio.
A principios de este mes, activistas de Cuba y Nicaragua presentaron una contundente solicitud a Amnistía Internacional (AI) con el objetivo de declarar encarcelados por motivos políticos a los cientos de presos de conciencia de los regímenes totalitarios que oprimen a ambos países latinoamericanos. La iniciativa representa el preludio de un proyecto de ley que debe ganar impulso en Washington con el apoyo de varios congresistas y senadores, entre ellos el exalcalde del condado Carlos Giménez.
El encuentro formal, pues, transcurrió, durante más de una hora, vía teleconferencia entre Erika Guevara, presidenta para América Latina de AI, la activista nicaragüense Sophia Lacayo y el exprisionero político cubano Jorge Luis García Pérez (Antúnez).
Tras la presentación por parte de los activistas de un extenso trabajo de identificación y recolección de casos, Guevara aseguró que: “Amnistía Internacional seguirá luchando por los valores de la libertad, la democracia en el continente y el mundo. Nuestros esfuerzos estarán encaminados a denunciar ante el mundo, ante los organismos internacionales, las violaciones a los derechos humanos en Cuba y Nicaragua, iniciaremos el proceso de evaluación y designación como presos de conciencia, exigiremos a los gobiernos de Cuba y Nicaragua por la situación de los presos políticos y, en especial, de los niños presos políticos por, únicamente, clamar por libertad, desarrollo y prosperidad”, dijo Guevara. En tanto, Lacayo sostuvo: “Muchos de los presos están en prisiones de máxima seguridad, están aislados y se violan sus derechos humanos”. .
En conversación con DIARIO LAS AMERICAS, aseveró: “Necesitamos sensibilizar sobre esta realidad que golpea a los pueblos subyugados bajo las cadenas del totalitarismo. Entre los presos se encuentran varios candidatos presidenciales, encarcelados como parte del mecanismo represivo de Daniel Ortega en medio del circo electoral que se montó en Nicaragua con el inmovilismo de la Comunidad Internacional».
Por su parte, Antúnez, quien pasó más de 20 años en prisión en la isla, expuso las injusticias de los presos políticos cubanos, los juicios sumarios tras el 11J y las condenas excesivas a manifestantes, incluidos menores de edad.
AI destacó que este encuentro específico marca un nuevo comienzo en el compromiso con los pueblos de la región que luchan por romper las cadenas de los gobiernos opresores, según Radio Televisión Martí.
Dentro de las valoraciones, Lacayo enfatizó el impacto no solo en los privados de libertad sino también en las familias y la comunidad y la indefensión de los internos, así como la vulneración de sus derechos. El encuentro con Guevara se produjo el mismo día en que el dictador nicaragüense Daniel Ortega, de 76 años, asumió por cuarto mandato consecutivo tras ganar las elecciones, calificadas de amañadas e ilegítimas, en noviembre pasado.
“El mensaje es muy fuerte. Tenemos que seguir alzando la voz para decirle a la comunidad internacional lo que está provocando Ortega y que es un dictador más, dueño del poder ejecutivo, judicial y electoral. No nos vamos a cansar”, dijo Lacayo.
Lacayo y Antúnez coincidieron en la necesidad de seguir solicitando ayuda al Congreso estadounidense ya la Casa Blanca. En ese sentido, destacaron la colaboración del diputado federal de ascendencia cubana, Carlos Giménez.
“Además del seguimiento y los informes que vamos a presentar, contamos con la colaboración y apoyo de nuestro diputado Giménez, quien se ha comprometido a hacer una resolución a favor de la libertad de los presos políticos de Cuba y Nicaragua. viable”, dijo Lacayo, “tampoco debemos mirar hacia otro lado de Venezuela y los actos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro”, agregó.
El tema de los presos políticos es una piedra en el zapato de las dictaduras a pesar de que parecen actuar con total impunidad. En Cuba, según Prisoners Defenders en 2021, un total de 955 personas formaban parte de su lista de presos políticos, al tiempo que advirtió que esa cifra “es solo una fracción” del total.
En un informe, la organización detalló que en enero del año pasado tenía constancia de 138 presos políticos y que, desde entonces hasta fines de diciembre, se habían sumado otros 817 nuevos presos políticos.
Actualmente quedan 842, según Prisoners Defenders, quien reiteró que ese número constituye entre el 40% y el 50% de las cifras reales, cuya verificación total es «simplemente inalcanzable» por cualquier organización.
De esos 842 casos, 700 corresponden a la represión del 11J y el 15N en Cuba, “cifra que aún es inferior al 40% respecto del total generado por la ola represiva, ya que es completamente imposible conocer los casos entre los población”, enfatizó. Del total, 107 son mujeres.
Entre ellos se han contabilizado 26 menores -de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años- y el 50% de ellos -13 menores- están acusados de sedición. En total, 132 presos políticos comprobados han sido procesados por el cargo de sedición, según la organización, que ha precisado que 387 ya han sido condenados, 137 con penas de más de diez años de prisión.
Por su parte, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió el mes pasado a la dictadura que secuestró a Cuba hace más de 60 años, la liberación «inmediata» de los presos políticos encarcelados «arbitrariamente» en la Isla.
La organización destaca que continúa el seguimiento «permanente» de la situación política y social en Cuba, con especial atención a la condición de los presos políticos «encarcelados por el régimen», y recuerda que la violación de sus derechos fundamentales y sus detenciones «arbitrarias» constituyen una «violación flagrante» de los Derechos Humanos en la isla,
Mientras tanto en Nicaragua, según la CIDH y la oposición nicaragüense, el número de “presos políticos” supera los 170.
La Iglesia católica, con la que el régimen mantiene tensas relaciones, se pronunció luego de que las autoridades de la dictadura liberaran en libertad condicional a más de 1.000 delincuentes comunes, entre los que no se incluye ninguno de los opositores detenidos.
Familiares de unos 40 opositores detenidos en Nicaragua desde junio afirmaron que sus vidas «corren riesgo» porque se encuentran en aislamiento, no les permiten recibir alimentos ni albergue y varios de ellos son personas de la tercera edad con problemas de salud.
En conferencia de prensa virtual, varios familiares dijeron este martes que del 30 de diciembre al 2 de enero visitaron a sus familiares recluidos en un penal conocido como “El Chipote” y ubicado en el sureste de Managua. Fue la cuarta visita autorizada después de seis meses de arresto.
Entre los detenidos se encuentran siete precandidatos presidenciales detenidos tras anunciar sus intenciones de desafiar a Daniel Ortega por el poder en las elecciones del 7 de noviembre. El dictador sandinista de 76 años, que gobernó por primera vez en la década de 1980, se prepara para iniciar un cuarto mandato consecutivo el 10 de enero junto a su esposa Rosario Murillo.
Ante estos escenarios, Lacayo y Antúnez realizaron una gira y llevaron a Washington, a fines del año pasado, una solicitud formal para reconocer a los presos de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y del régimen castrista en Cuba, como presos de conciencia. , en un paso previo a la reunión de esta mañana.
En primera instancia, los activistas se reunieron con el senador republicano Rick Scott, a quien le presentaron la lista de todos los presos, incluidos seis excandidatos presidenciales, activistas y miembros de la sociedad civil nicaragüense, dato avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. .
Scott mostró su apoyo a la cruzada para enfrentar el totalitarismo en la región y expresó su preocupación por los desmanes.
Con el lema: “Presos por qué”, la dupla de activistas se reunió con la diputada María Elvira Salazar, una de las voces más críticas y proactivas contra los regímenes totalitarios del continente.
También presentaron documentos en las oficinas del Senador Marco Rubio y el Diputado Mario Díaz Balart, quienes conocen y apoyan la iniciativa.