En una movida política sin precedentes, los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulon han presentado un amparo contra el polémico DNU 941/2025 que reforma la Ley de Inteligencia y otorga poderes de detención a personal de inteligencia. Esta mañana, los legisladores han solicitado que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de esta controvertida medida.
La causa, por sorteo, ha sido asignada al juzgado de lo contencioso administrativo 4, a cargo de la jueza Rita Alián. En palabras de Ferraro, «Presentamos una acción de protección contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y nulidad absoluta e irreparable». La noticia ha causado revuelo en el ámbito político y ha generado un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo.
Los legisladores han solicitado una medida cautelar para suspender los efectos y vigencia del decreto, así como cualquier norma o acto dictado en cumplimiento del mismo. Según el texto del DNU, se otorgan poderes de arresto a personal de inteligencia, algo inusual y que ha levantado alarmas en cuanto a la separación de funciones entre inteligencia y seguridad interna.
En el amparo presentado, se argumenta que el DNU representa una reforma material del régimen penal y procesal penal, lo cual va en contra del artículo 18 de la Constitución y de estándares internacionales de libertad personal y debido proceso. Además, se advierte sobre el riesgo de un posible «estado policial» y persecución a opositores, periodistas y movimientos sociales.
Uno de los puntos clave del amparo es que el DNU fue emitido cuando el Congreso se encontraba en funciones (sesiones extraordinarias), lo que según los denunciantes, no había ni hay necesidad ni urgencia para su aprobación. Se argumenta que la medida del Ejecutivo no cumple con los requisitos constitucionales y que invade una ley sancionada por el Congreso, debilitando la legitimidad democrática de la norma.
En resumen, la presentación de este amparo ha generado un fuerte debate sobre los límites del poder ejecutivo y la importancia de respetar la división de poderes en un Estado de Derecho. La resolución de este caso sin duda marcará un precedente en la historia política del país.
