El gobierno de Javier impulsa una modificación profunda de la Ley de Financiamiento Universitario: ¿Qué cambios se avecinan?
Después de resistirse a la solicitud y impugnarla judicialmente, el gobierno de Javier está decidido a llevar adelante una reforma profunda de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso. Esta iniciativa ha despertado un gran interés y debate en los círculos universitarios, ya que busca reabrir la discusión sobre el destino del presupuesto y los gastos de las instituciones de educación superior.
El proyecto oficial argumenta que esta modificación tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad fiscal del sector. Sin embargo, un informe del Centro de Investigaciones Económicas (CIEN) revela que entre 2023 y 2025 el presupuesto universitario ha experimentado una caída real acumulada del 28,9%.
Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto que esta disminución ha tenido en los salarios de los docentes universitarios. Según el informe, el salario docente universitario ha sufrido una caída del 31% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. Esta situación coloca a los salarios universitarios como uno de los más afectados de la economía, con una pérdida considerable en su poder adquisitivo.
Además de los salarios, otros rubros también han sufrido recortes significativos, como la promoción de carreras estratégicas (-31,1%), la ayuda financiera para el funcionamiento universitario (-22,7%) y el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología (-15,8%). La extensión universitaria es uno de los sectores más afectados, con una reducción superior al 97%.
Ante esta situación, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo plantea aumentos salariales del 4,1% en tres tramos durante 2026, sin garantizar actualizaciones equivalentes a la inflación. Esto ha generado preocupación en los círculos universitarios, ya que la propuesta oficial no contempla la recomposición de las pérdidas anteriores ni la actualización de la extensión universitaria.
En definitiva, la diferencia entre aplicar íntegramente la Ley 27.795 o avanzar con el esquema alternativo del Ejecutivo implica una brecha significativa en el financiamiento real que tendrá el sistema en 2026. Esta decisión marcará el futuro de la educación superior en el país y el bienestar de los docentes y estudiantes.
