A diferencia del INAI, que tiene un presupuesto anual de casi mil millones de pesos, la mayoría de los institutos locales de transparencia cuentan con presupuestos insuficientes para el cúmulo de obligaciones y atribuciones que tienen que cumplir; ni atender el reto mayor, acercarse a la ciudadanía y salir de los pupitres.
Estos órganos colegiados no solo resuelven mediante resoluciones las diferentes vías de impugnación o quejas de los ciudadanos, tanto por acceso a la información como por violación de datos personales. Además de la actividad «jurisdiccional», tienen que capacitar y asesorar a los sujetos obligados (entidades públicas estatales y municipales), así como al público en general.
También se encargan de generar acciones institucionales tendientes a promover un gobierno abierto y una adecuada gestión documental. Y por supuesto, promover y socializar los dos derechos que protegen en la sociedad, especialmente entre los colectivos vulnerables.
Estos institutos de transparencia tienen de 12 a 20 años. Las tareas son las mismas, aunque cada estado tiene condiciones diferentes (geografía, número de sujetos obligados, brecha digital) y la disparidad va con presupuestos anuales de nueve a 200 millones de pesos.
Chiapas, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Baja California y Guerrero Son las entidades a las que se les asigna un menor presupuesto, de acuerdo al total de población por entidad federativa. En esos estados se destinó este año, de 1,74 a 6,25 pesos por habitante.
A lo largo de la última década, algunos órganos han tenido un menor incremento presupuestario, lo que no es comparable con el crecimiento de facultades que imponen las leyes en la materia, ni con el incremento en el número de solicitudes de información y la ley ARCO. y con ella recursos de revisión. Por supuesto, tampoco va de la mano con la inflación.
En ese contexto, el Instituto Morelense de Información Pública promovió una controversia constitucional contra el Poder Legislativo de Morelos, por la omisión del Poder Legislativo de aprobar el presupuesto de egresos y buscando lograr la autonomía financiera del órgano constitucional de ese estado. En breve, el pleno de la SCJN resolverá dicha controversia. Para apoyar la rendición de cuentas en México, un paso fundamental es fortalecer el presupuesto de los entes autónomos de transparencia, para que cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con la Constitución.
además, el Programas Nacionales de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales qque comenzará con el año fiscal 2023, coordinado por el INAI con los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, contempla cientos de acciones que deben bajar a los estados.
Es una decisión que ya está en el terreno de los Congresos locales. Ojalá en 2023 se puedan mejorar los presupuestos de las instituciones.
POR NALDY RODRÍGUEZ
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MAÍZ
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