En las próximas semanas, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la opositora fujimorista Patricia Juárez, deberá decidir si archiva el polémico proyecto o le da el visto bueno para pasar al pleno, que en este caso tendría la última palabra.
El Congreso peruano, dominado por la oposición de derecha, sigue durmiendo todos los demás proyectos (una treintena) enviados por Castillo en sus 11 meses de gobierno.
Sin embargo, las alarmas de los gremios de la prensa parecen ser una señal de que las facciones de derecha están dispuestas a aportar los votos para aprobar la «ley mordaza», con el fin de silenciar también las investigaciones por presunta corrupción contra figuras de la oposición, entre ellas Keiko. Fujimori.
tres años de cárcel
El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, ha negado que se trate de una «ley mordaza» y sostiene que este proyecto busca proteger los «derechos fundamentales» de cualquier persona investigada por la justicia.
“No está bien que una persona por el simple hecho de haber sido denunciada, y la fiscalía retire la información, la prensa (…). ¿Quién nos corregirá después de esto?”. dijo Torres, quien suscribió con Castillo este polémico proyecto enviado esta semana al Congreso.
El artículo 1 del proyecto tipifica “el delito de difusión de información reservada en investigaciones criminales”, lo que implica reformar el artículo 409 del Código Penal peruano.
El objeto, según el texto, es “salvaguardar la información confidencial a la que se tenga acceso en razón del cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales”.
Quien filtre información clasificada será sancionado con uno o dos años de prisión. Pero la pena se eleva a tres años si la hace «un juez, fiscal, auxiliar judicial, auxiliar administrativo, auxiliar en función fiscal o miembro de la Policía».
no el primero
El Consejo de la Prensa Peruana, que agrupa a las empresas propietarias de los medios, expresó su categórico rechazo a este proyecto «oscurantista», pero recordó que no es el primero en el país.
“Este proyecto de ley blinda a quienes actualmente están involucrados en casos de corrupción, hechos que merecen ser conocidos por todos los peruanos”, dijo el Consejo en un comunicado.
“También implica retomar una práctica fujimorista del Congreso disuelto [en 2019]donde se impulsó un proyecto de ley similar, y otro intento en el actual Congreso en marzo de este año”, agregó.
El abogado Roberto Pereira, asesor legal de la ONG Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), aseguró que «el proyecto de ley es claramente inconstitucional».
Pereira advirtió que aunque el objetivo principal es silenciar a jueces, fiscales y policías, «el periodista puede ser incluido en un proceso penal como cómplice o instigador».
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas afirmó que “si se convierte en ley, afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción”.
Durante una visita a Lima en mayo, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, indicó que la prensa peruana había denunciado restricciones a la información.
“Vemos información muy sensible, valiosa, sobre obstrucciones y restricciones para la cobertura de la gestión estatal en general”, dijo a los periodistas. «No es una buena señal que los estados sean herméticos».
“Hemos recibido denuncias sobre los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, agregó, y señaló que iba a “instar” a las autoridades peruanas a “cumplir con los estándares internacionales”.