Reforma laboral: la nueva forma de subida salarial que logra la mayoría y cómo se posicionan el resto de medidas
Este viernes 27 de febrero el Senado debatirá la última versión del proyecto de ley Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno, en la recta final de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei.
La sesión, prevista para las 11 horas, buscará cerrar el tratamiento parlamentario de las dos iniciativas centrales del Ejecutivo: la reforma laboral y la rebaja de la edad de imputabilidad. El oficialismo intentará avanzar sin nuevas modificaciones para evitar que el texto regrese a la Cámara de Diputados.
El objetivo de la convocatoria es emitir el único cambio incorporado por la Cámara Baja: la eliminación del artículo 44 que establecía una reducción salarial durante las licencias por enfermedades o accidentes ocurridos fuera del lugar de trabajo.
Si el Senado aprueba el texto tal como surgió de los Diputados, la ley será sancionada y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Cualquier alteración implicaría reabrir el circuito legislativo.
La reforma introduce cambios estructurales en despidos, vacaciones, negociación colectiva y derecho de huelga en servicios esenciales con impacto directo en las relaciones laborales.
Mientras el Senado define el futuro de la ley, una encuesta reciente muestra que la opinión pública traza una línea clara: la mayoría de los cambios generan resistencia, pero hay un solo punto que supera el 50% de apoyo. Se trata del aumento de salario por desempeño.
Un estudio de AtlasIntel mide la opinión pública sobre seis cambios centrales incluidos en la reforma laboral. El hecho distintivo es que sólo uno de ellos obtiene el apoyo mayoritario.
El aumento de salario por desempeño recoge 51% de apoyo frente al 43% de rechazo. Esta posibilidad abre la puerta a un punto que el Gobierno logró mantener dentro del proyecto, luego de duras negociaciones con los sindicatos: la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales sobre los acuerdos sectoriales, lo que limita el alcance de los convenios colectivos, debilitando la influencia de los grandes sindicatos.
Dentro de este esquema se propone que las mejoras en los ingresos están vinculadas al desempeño individual o al cumplimiento de objetivos, en lugar de depender exclusivamente de acuerdos conjuntos generales.
En cambio, el resto de medidas evaluadas no alcanzan ese nivel de adherencia. El cálculo de la retribución sin incluir bonificaciones ni bonos – que reducirían el importe final en caso de despido al excluir estos conceptos de la base salarial – se concentra 71% rechazo.
Horarios de trabajo flexibles hasta 12 horas a través de banco de horas registro 60% en contra. Este punto permite compensar las horas extras con descansos en lugar de pagarlas como horas adicionales.
La expansión de las actividades consideradas básicas con mayores limitaciones al derecho de huelga y a la obligación de garantizar servicios mínimos, alcanza 59% oposición.
El vacaciones fragmentadas con un mínimo de siete días consecutivos, lo que permite dividir el período anual en tramos más cortos (56% en contra), y el convenios colectivos por empresa en lugar de los sectoriales, que priorizan los acuerdos internos sobre los de rama de actividad (49% en contra frente a 43% a favor).
Entre las seis medidas analizadas, el mecanismo de actualización salarial por desempeño es el único que recibe un nivel de adhesión superior al de oposición en la encuesta.
¿Es necesaria la reforma y qué efectos cree la sociedad que tendrá?
En la encuesta también se consultó sobre la necesidad de avanzar con una reforma laboral en Argentina. El 46% considera que es necesario, mientras que el 49% piensa que no lo es. El 5% respondió que no sabe o no respondió.
En cuanto a los efectos esperados, predominan las percepciones negativas sobre el trabajo. Más de la mitad de los consultados considera que la reforma podría aumentar la precariedad (54%) y casi la mitad anticipa un crecimiento de la informalidad (49%).
En el plano económico, las opiniones parecen más divididas. El 40% cree que la competitividad empresarial mejorará, aunque el 38% no espera cambios significativos. Algo similar ocurre con la inversión extranjera, donde el 37% proyecta un aumento y el 33% considera que no habrá impacto.
Sobre la creación de empleo, las expectativas están distribuidas: El 36% confía en que la oferta laboral crecerá, mientras que el 32% prevé una reducción. En cuanto a los derechos laborales, en cambio, la mayoría (59%) estima que podrían reducirse, frente a un 16% que cree que se fortalecerán.
