Una subcomisión del Congreso deberá decidir este martes si archiva o da luz verde a la acusación de la fiscalía. Las etapas.
Este martes es el «Día D» del recurso de inconstitucionalidad contra Pedro Castillo, mientras vence el plazo para que los 25 parlamentarios integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidan si archivan o dan luz verde a la denuncia realizado por la Fiscalía por tráfico de influencias agravado y colusión contra el presidente de Perú.
Si la Subcomisión decide presentar la denuncia contra Castillo, el asunto quedará automáticamente cerrado. De lo contrario, el grupo designará a uno de sus miembros para que elabore un trabajo y dé paso a un proceso que podría tomar varios meses.
Según la información que trasciende a los medios peruanos, habría 11 parlamentarios a favor de adelantar la acusación, y otros 11 que se inclinarían por la opción de presentar la denuncia. Queda por ver qué sucederá con los tres restantes, un punto de inflexión en un proceso en el que se espera que los argumentos políticos tengan más peso que los legales.
Para muchos especialistas, la denuncia no tiene futuro, porque la Constitución establece que solo hay cuatro figuras por las que puede ser procesado un jefe de Estado en funciones: traición a la patria, clausura ilegal del Congreso, impedir elecciones o intervenir en alguno de los órganos electorales.
Para otros, sin embargo, existe una ventana en la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas, ya que, al ser Perú signatario, podría adquirir alcance constitucional. la discusión está abierta.
castillo suspendido
Si el Congreso, en el que los partidos de extrema derecha tienen una presencia importante pero no definitiva, acepta la denuncia, podría suceder que Castillo sea suspendido con 66 votos (de 130 en total) por un tiempo determinado.
Si esto sucediera, el país tendría un jefe de estado interino. Al igual que la vicepresidenta, Dina Boluarte, también se enfrenta a un proceso que puede desembocar en una suspensión, a Palacio de Gobierno el presidente del Congreso, José Williams, iría de la derecha dura.
en ese escenario no habría elecciones anticipadas, Bueno, en teoría, Castillo podría salir bien del proceso y regresar antes de que expire su mandato en 2026. Eso difiere de la destitución, que potencialmente obliga a elecciones anticipadas de las que también surgiría un nuevo Congreso.
Acusaciones contra el Fiscal General
En los últimos días, la Fiscal General de la Nación que interpuso la denuncia, Patricia Benavides, ha estado en el centro de la escena luego de que surgieran cuestionamientos sobre su labor y el papel que desempeñó en un proceso que se había iniciado contra su hermana, la jueza Emma. Benavídez.
La fiscal Bersabeth Revilla, en ese momento una de las más prestigiosas funcionarias del Ministerio Público, estuvo a cargo hasta agosto de la investigación a la jueza Emma Benavides, quien, según testimonios, Acusó a narcotraficantes por sus fracasos.
Según Revilla, apenas asumió Patricia Benavides como su nueva jefa, le pidió que archivara la causa contra su hermana porque “es inocente”. Como ella se negó, porque tenía numerosas pruebas, Benavides la sacó del caso. Revilla luego renunció.
Algo similar sucedió con el fiscal Jesús Fernández, quien fue cambiado luego de reunir material contundente contra Los Cuellos Blancos, una organización de jueces, fiscales y abogados defensores que procesos gestionados ilegalmente en los últimos años.
En el caso de Fernández, Benavides aseguró que ya no le interesa el tema, mientras que en el de Revilla argumentó que lo cambió por “baja productividad”, lo que según IDL Reporteros niega el currículum del exfiscal, que llevó a cabo investigaciones históricas.
El escándalo que comenzó a envolver a Benavides se vio ensombrecido por su protagonismo en torno a Castillo, contra quien la Fiscalía dice tener al menos 190 pruebas de prácticas que implicarían al menos tráfico de influencias agravado y colusión.
Según el periodista Gustavo Gorriti, cuyo portal de investigación, IDL Reporteros, ha elaborado varios reportajes sobre el tema y critica la gestión de Castillo, la intención de Benavides es protegerse de posibles acciones en su contra y colaborando de paso en un supuesto plan de fuerzas de extrema derecha para permanecer en el poder.
“Detrás de toda la falsa indignación y la falsa coreografía (de la Fiscalía y la oposición) hay un frío cálculo para tomar el poder: sacar a Castillo, pero que se quede el Congreso”, dice Gorriti.
Benavides, contra quien denuncian personas cercanas a Castillo, quien en una causa presentada por el abogado Raúl Noblecilla incluye el cargo de colaboración con el narcotráficoes mientras tanto defendida por la oposición y por la mayor parte de la prensa nacional.
Según esos sectores, Benavides es víctima de un plan de desprestigio trazado desde Palacio en respuesta a la velocidad sin precedentes con la que actúa contra el presidente y su séquito. La Fiscalía en su conjunto también ha cerrado filas en torno a su cabeza, pues dice que tu autonomía está en riesgo.
Con información de la agencia Télam