El debate sobre la edad de responsabilidad penal en Argentina vuelve a ser tema de discusión en el Congreso Nacional. ¿A partir de qué edad se puede juzgar penalmente a una persona por un delito? Este tema, que engloba aspectos jurídicos, psicológicos, sociales y políticos, ha generado polémica en las últimas semanas con la inclusión del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil en el Temario de las Sesiones Extraordinarias convocadas para febrero de 2026.
La edad de imputabilidad es el límite a partir del cual una persona puede ser considerada penalmente responsable de un delito. En Argentina, la legislación actual establece que las personas menores de 16 años no pueden ser imputadas penalmente. Los adolescentes de 16 y 17 años, en cambio, pueden ser imputados, pero en un régimen especial y con limitaciones.
El nuevo proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil busca modificar la edad de imputabilidad y establecer normas específicas sobre cómo tratar penalmente a los adolescentes que cometen delitos graves. La iniciativa oficial propone que el nuevo régimen se aplique a adolescentes entre 13 y 18 años, lo que implicaría bajar la edad mínima desde los 16 años actuales.
La reforma no solo busca cambiar una cifra, sino establecer un sistema integral de responsabilidad penal juvenil que combine la sanción con la educación y la reinserción social. Entre los principales elementos del proyecto se encuentran la prohibición de que adolescentes sean detenidos junto con adultos, la limitación de la pena máxima a 20 años de privación de libertad y la posibilidad de reposiciones parciales de la pena.
La discusión sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal en Argentina ha generado opiniones divididas. Mientras algunos apoyan la reforma argumentando que la normativa vigente no refleja la realidad actual, otros señalan que reducir la edad de imputabilidad por sí sola no soluciona los problemas estructurales de la delincuencia juvenil.
Independientemente de las decisiones que se tomen en el Congreso, el debate continuará en la sociedad. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la justicia y la protección de los derechos, así como contar con los recursos necesarios para garantizar la efectividad de cualquier reforma en esta materia.
