¿Quién asume la tragedia de Coahuila?

La sombra de la corrupción acecha a Coahuila por la desgracia en Sabinas, donde 10 mineros están atrapados desde el 3 de agosto en un tajo del que extraían carbón para venderlo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque no se ha oficializado por el costo que puede tener entre la opinión pública, las autoridades gubernamentales a nivel estatal y federal comenzaron a trascender la versión de que las esperanzas de encontrar con vida a los trabajadores se diluyeron por el nuevo derrumbe que arruina. el esfuerzo de terminar de sacar el agua del pozo y que imposibilita que los rescatistas entren al fondo de la zona dañada.

En medio de un inicio temprano en el proceso preelectoral de Coahuila, donde se renovará la gubernatura en 2023, comenzó el reparto de culpas y responsabilidades por permitir que empresarios mineros trabajen violando la ley, sin cumplir con las medidas mínimas para garantizar la seguridad de los trabajadores. trabajadores al momento de explotar el carbón, pagan bajos salarios y los dejan fuera de la seguridad social. El discurso durante 12 días de que lo importante ante todo era el rescate vivo de los mineros, se agotó -muy lamentable para las familias, que aún creen en el milagro- y ahora presionado por la opinión pública que exige investigaciones y resultados en el deslinde. de responsabilidades, los políticos se preparan para afrontar el siguiente paso, que es marcar su línea de las consecuencias por complacencia y colusión para que no se cumplieran las normas de trabajo en las minas.

Tras reconocer las complicaciones para sacar con vida a los mineros, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, desató el primer golpe contra el gobierno federal al ir directo a la cabeza de Manuel Bartlett, director de la CFE, al asegurar que se le ocurrió “la gran idea de dar más carbón a los pequeños productores y menos a los grandes productores, ya que provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria”.

Bartlett y su agencia son responsables de comprar carbón para la generación de electricidad. Riquelme recordó su disconformidad con la CFE en esta administración desde el inicio del esquema promovido de ceder contratos sin visitas de personal de los organismos involucrados como Economía y Trabajo y Previsión Social para realizar revisiones o supervisiones para determinar si existían las condiciones de extracción del carbón. en Coahuila. Si bien el mandatario local acepta cierta responsabilidad moral que “debemos asumir todos, yo como gobernador, la federación como tal y los que explotan las minas”, la parte legal la descargó en el gobierno federal porque es un área manejada al 100 por ciento de ese lado

Recriminó que el gobierno de Coahuila no se ha involucrado de ninguna manera a pesar de que la entidad conoce mejor que nadie el campo laboral y los mineros en sus necesidades laborales mejor que nadie. Aún en medio de la tragedia, la Comisión Federal de Electricidad no ha establecido comunicación con el gobernador Riquelme, de hecho, hoy se cumplen 13 días del derrumbe y Manuel Bartlett aún no asoma la cabeza para acercarse a la zona, ni para dar posición. opinión pública o aclarar si el organismo a cargo tiene un plan para modificar la compra de carbón al resto de las empresas mineras en Coahuila y otros estados.

Sabinas es el microcosmos de los hechos de corrupción en la producción del carbón y es ridículo que ahora todo el mundo empiece a responsabilizarse oa callar por temor a que el electorado termine pagando la cuenta en las elecciones. Sin embargo, los partidos buscarán intensificar una narrativa para que el costo en las urnas sea el menor posible.

Uppercut: En la ola de violencia del fin de semana, pasó desapercibida la irrupción de dos hombres armados en un hospital de Torre Blanca, Ecatepec. Acudieron a una estancia médica para asesinar a dos mujeres y un joven, que luego se supo que tenía el nombre de Ernesto Oliva Legra, de origen cubano. Aunque el especialista no es uno de los médicos en la isla contratados por el gobierno mexicano para apoyar con sus servicios las carencias del sistema, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, negó inicialmente la nacionalidad de una de las tres víctimas y se aventuró a señalar. Destacó que se trataba de una “mentirita” de los medios, pero fue desmentida por la Fiscalía General del Estado de México tras su nueva polémica por simplemente declarar.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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@ALEXSANCHEZMX

CAMARADA

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