El pasado 24 de marzo, la relatoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la controversia constitucional 261/2023, suspendió provisionalmente la aplicación de la reforma electoral conocida como “Plan B”, decisión que causó revuelo en la opinión pública , pues incluso se interpretó como un exceso en el ejercicio de las facultades de la SCJN.
Cabe señalar que esta suspensión busca interrumpir los efectos de un conjunto de leyes, mientras se resuelve el fondo de la controversia constitucional planteada por el INE, es decir, mientras se decide si el INE tiene razón o no, estas decisiones son adoptada para evitar daños irreparables en caso de que al realizar el análisis de fondo se determine que efectivamente la norma es inconstitucional, pero más allá de eso, la determinación del ministro marca la pauta para recordar que el sistema democrático mexicano busca crear una democracia que respeta los derechos de todas las personas, sin importar si son mayoría o minoría.
Nuestro sistema busca crear una democracia que proteja los derechos de todas las personas, sin importar si se encuentran entre las mayorías o minorías, y para ello, nuestra Constitución establece límites y protecciones que aseguran los derechos de todos. En este sentido, la SCJN, a través de la interpretación y aplicación de las leyes, garantiza que las actuaciones de los poderes ejecutivo y legislativo se encuentren dentro de los límites establecidos por la propia Constitución.
Los jueces juegan un papel fundamental en nuestro sistema democrático porque deben tomar decisiones aun cuando no sean populares, ya que su deber es velar por el orden constitucional. Por lo que actuar como contrapeso y límite a los poderes popularmente constituidos es la razón de ser de la SCJN.
La Constitución es la ley suprema y establece los límites y restricciones dentro de los cuales debe operar nuestro gobierno. Si una ley o acto legislativo va en contra de la Constitución, debe ser invalidado. Si esta condición no se cumple, entonces las disposiciones constitucionales ya no serían primordiales y la Constitución perdería su poder de restringir el gobierno, lo que conduciría a un gobierno con poder ilimitado.
Una de las funciones esenciales de la SCJN es garantizar que se respeten y mantengan los límites establecidos por nuestra Constitución, para lo cual los ministros tienen la importante tarea de tomar decisiones objetivas, imparciales e independientes de presiones políticas. Una democracia viable es aquella que es capaz de funcionar con eficacia, respetando los derechos y libertades de la ciudadanía. En otras palabras, lo que ha determinado la SCJN está directamente relacionado con la capacidad del sistema político para tomar decisiones y resolver problemas de manera eficiente, justa y con pleno apego al principio de legalidad.
POR DANIA RAVEL
ASESOR ELECTORAL
@DANIARAVEL
LSN
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