Reforma Electoral | El Heraldo de México

Es más que evidente que una reforma constitucional obedece a un contexto político y social específico, en particular las reformas electorales han atendido demandas concretas de los ciudadanos y fuerzas políticas predominantes; por ejemplo, la reforma que dio origen al ex Instituto Federal Electoral tuvo como antecedente y contexto la controvertida elección presidencial de 1988. Las autoridades surgidas de ese proceso electoral, ante el cuestionamiento de los resultados, requerían legitimidad para ejercer sus funciones.

Así, la reforma electoral de 1990 creó un organismo autónomo que sustituyó a la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación; La reforma no se limitó a eso solamente, pues también buscó hacer más equilibrados, competitivos y competitivos los procesos electorales, fomentando una mayor pluralidad e inclusión, entre otros.

Luego de esta reforma, se sucedieron cinco reformas electorales: la de 1993-1994, la llamada reforma electoral definitiva de 1996, la de 2003, la de 2013, y la que dio origen al actual Instituto Nacional Electoral de 2014; Desde el sexenio de Carlos Salinas hasta el de Enrique Peña Nieto hubo al menos una reforma electoral por gobierno, salvo la de Vicente Fox. En términos generales, se puede decir que la mayoría de las propuestas de reforma surgieron de la oposición y tuvieron eco en los gobiernos que las firmaron.

Las diversas reformas a las que me refiero han tratado de prevenir y sancionar las malas prácticas y los delitos electorales, dada su persistencia histórica, esto ha dado lugar a un marco jurídico en la materia que, por su extensión y particularidad, se considera altamente especializado y complejo.

En la actual administración ya se planteó la reforma electoral del sexenio, en abril de este año el titular del Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma en la materia, la cual busca, en términos generales, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la federalización de los procesos electorales, lo que significa la desaparición de los tribunales electorales locales y de las Organizaciones Públicas Locales (OPL), eligiendo consejeros y magistrados electorales por voto popular y nominados por los tres Poderes de la Union; la reducción del número de diputados y senadores plurinominales, la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.

A diferencia de otras reformas electorales, esta tiene su principal impulso desde el gobierno y el partido político dominante.

A principios de junio pasado, los partidos de oposición en la Cámara de Diputados anunciaron una moratoria constitucional legislativa por lo que resta del sexenio, lo que significa que esta reforma electoral propuesta por el ejecutivo federal tiene pocas posibilidades de ser aprobada, ya que la Los resultados de las elecciones intermedias de 2021 permitieron que la oposición se uniera en una alianza legislativa que le ha dado resultados.

POR ABELARDO RODRIGUEZ DESALES
SOCIÓLOGO

COCHE

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