El Gobierno logra un hito histórico: la aprobación de la Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados. Este proyecto, con más de 200 artículos, propone cambios significativos en las relaciones laborales en el sector privado. Entre las modificaciones destacan la reforma en las vacaciones, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), y las contribuciones previstas en los convenios colectivos.
Una de las claves de esta ley es la eliminación de impuestos internos a autos «de lujo», celulares y otros productos. Esta medida, que entrará en vigor a partir del mes siguiente de la promulgación de la norma, busca reducir la carga fiscal para los ciudadanos y fomentar el consumo. Según estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos, la eliminación de estos impuestos representaría una suma total de $379.396 millones al 2026, con las provincias y la Nación renunciando a importantes montos.
La eliminación de impuestos internos tendría un impacto del 0,1% en el Producto Interior Bruto, según cálculos de consultoría invecq. Esta reducción implicaría una disminución en el monto total de impuestos a nivel nacional. Además, la ley contempla la derogación de impuestos vinculados a entradas para espectáculos cinematográficos y servicios de comunicación audiovisual a partir de 2028.
Otro aspecto relevante de la Ley de Modernización Laboral es la exención del impuesto sobre la renta para el alquiler de propiedades con uso residencial. Esta medida, que entrará en vigor a partir de 2026, busca incentivar el mercado inmobiliario y promover el acceso a la vivienda.
Además, se establece un Régimen de Incentivos a la Mediana Inversión (RIMI) para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Este régimen tiene como objetivo promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad y crear empleo. Los montos mínimos de inversión varían según el tamaño de la empresa, y se ofrecen beneficios fiscales para fomentar la inversión y la creación de empleo.
En resumen, la Ley de Modernización Laboral trae consigo importantes cambios en el ámbito laboral y fiscal, con el objetivo de promover el crecimiento económico y la generación de empleo. Esta ley marca un antes y un después en la relación entre empleadores y trabajadores, y se espera que tenga un impacto positivo en la economía del país.
