En una noticia que ha sacudido la agenda diplomática, se reveló que el Gobierno de Milei está en negociaciones con la administración de Donald Trump para recibir inmigrantes deportados de Estados Unidos. Esta propuesta implica que Argentina funcione como tercer país anfitrión en la región, abriendo sus puertas a inmigrantes de otras nacionalidades que Washington no puede o no quiere regresar a sus países de origen.
La Casa Blanca busca socios estratégicos en el hemisferio sur para desviar el flujo de inmigrantes indocumentados que planea expulsar en esta nueva etapa de gestión. Esta política de «mano dura» en inmigración es parte de las promesas de campaña de Trump y se está ejecutando rápidamente. Para Estados Unidos, encontrar destinos alternativos para los deportados es crucial, especialmente cuando se trata de personas provenientes de naciones con las que no tienen relaciones diplomáticas fluidas ni una logística de retorno segura.
Desde la perspectiva del Gobierno de Milei, aceptar estas transferencias representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecer la frontera a nivel local. Las conversaciones giran en torno a la acogida de ciudadanos de terceros países, como venezolanos, cubanos o haitianos. Al enviarlos a Argentina en lugar de a sus países de origen, Estados Unidos podría acelerar los procesos de expulsión sin enfrentar los obstáculos burocráticos o humanitarios que suelen frenar estas medidas en sus propios tribunales.
Aunque no se han oficializado cifras ni montos, este tipo de tratados internacionales suelen venir acompañados de ayuda económica. Estados Unidos podría ofrecer fondos para financiar la logística de recepción, seguridad e integración de los deportados, tratando de mitigar el costo fiscal para el país receptor. Sin embargo, la implementación de un esquema de estas características genera cuestionamientos sobre la capacidad de las infraestructuras y la seguridad local para gestionar la llegada de contingentes expulsados por las fuerzas de seguridad norteamericanas.
Horas después de la publicación del New York Times, fuentes del gobierno argentino desmintieron la posibilidad de avanzar en un acuerdo para recibir a migrantes deportados por Estados Unidos. Según el presidente Milei, la información es «100% falsa». La evaluación del proyecto llevada a cabo por el Gobierno argentino concluyó en la inviabilidad por razones de alto coste político y operativo en el frente interno. A pesar de la propuesta de financiación total para la construcción de las prisiones donde se alojarían los deportados, Argentina ha descartado completamente esta posibilidad.
