El candidato de un pequeño partido en Venezuela impugnó este martes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las primarias opositoras con miras a las elecciones presidenciales de 2024, al cuestionar a los organizadores.
“Estamos introduciendo una protección constitucional contra el proceso primario viciado”, anunció en Twitter Luis Ratti, un empresario disidente del chavismo que aspiró a la presidencia en 2018, cuando el presidente socialista Nicolás Maduro fue reelegido en medio de denuncias de “fraude” y boicot de la mayoría de la oposición.
Ratti pidió el nombramiento de una nueva comisión para organizar las primarias, «sanear el proceso» y «garantizar la democracia».
La principal alianza opositora venezolana, la Plataforma Unitaria, rechazó la actuación de este líder, al que calificó como un «personaje oscuro» que actúa a favor de Maduro.
Ratti justificó la impugnación alegando un «secuestro político» del proceso por parte de los partidos mayoritarios, en perjuicio de otros sectores opositores. Acusa a la comisión de haber rechazado candidatos.
Las primarias son organizadas desde hace meses por un grupo de profesores, abogados y consultores que aseguran que el proceso está abierto a todos los que quieran postularse. Sin embargo, candidatos acusados de vínculos con el gobierno chavista han denunciado «exclusión».
La comisión organizadora niega estas acusaciones, al tiempo que aborda un debate interno entre candidatos sobre elecciones internas con voto manual o mediante las máquinas del estatal Consejo Nacional Electoral (CNE).
«Astucia para el bloqueo»
«La palabra irregularidad podría ocurrir más tarde, pero en este momento creo que se está construyendo una propuesta que satisfaga a la mayor cantidad de candidatos», cree el profesor universitario y doctor en ciencias políticas Daniel Varnagy, quien ve en esta solicitud de Ratti una «argucia para bloqueo» de las primarias.
El intento de entorpecer estos procesos “se ha visto en muchas otras elecciones a nivel nacional a lo largo de todos estos años”, añade Varnagy.
Varios procesos electorales han sido anulados o retrasados por la justicia en Venezuela.
El TSJ, acusado por la oposición de servir al gobierno, anuló un referéndum en 2016 para revocar el mandato de Maduro, luego de que el chavismo denunciara irregularidades en la recolección de firmas ciudadanas para activar la consulta.
El máximo tribunal anuló en la práctica el Parlamento cuando estaba bajo control opositor con varias sentencias, los partidos de oposición intervinieron y ordenaron en noviembre de 2021 repetir las elecciones regionales en Barinas, estado natal del extinto presidente Hugo Chávez (1999-2013), luego de una victoria de la oposición.
mg (affp, El Universal)